Lo que ocurre con las montadeudas es el mejor ejemplo de la relevancia de la denuncia y de la voluntad de las autoridades por proteger las personas en sus bienes patrimoniales y estabilidad emocional.
La semana pasada, en la Cámara de Diputados se aprobaron reformas a la Ley de Instituciones de Crédito —que deberán ser avaladas por el Senado y publicadas en el Diario Oficial de la Federación— para castigar esas prácticas de préstamos por medios digitales y cobranza ilegítima.
La propuesta presenta tres cambios fundamentales:
1) Prohíbe a las instituciones de crédito solicitar acceso a información privada de sus usuarios, como contactos, fotografías y videos almacenados en dispositivos digitales: celulares, tabletas o computadoras.
2) Castiga con prisión de uno a seis años a quien emplee lenguaje financiero para hacer creer equivocadamente que es una persona o empresa intermediario de una entidad financiera.
3) incrementa esa sanción en un 50 por ciento cuando se realice a través de aplicaciones, operadoras de pago o plataformas.
Estas medidas fortalecerán los derechos de las y los usuarios a la privacidad y evitarán que se haga uso de su información personal para extorsionarles y obligar el pago de la deuda contraída, en la mayoría de los casos con intereses que la volvieron impagable.
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La debilidad en la educación financiera ha sido aprovechada por quienes operan las montadeudas, en muchos de los casos con nexos hacia países como China o Colombia como quedó evidenciado tras los operativos policiales de agosto de 2020 y marzo pasado.
La iniciativa del legislativo contribuye con la disposición a denunciar. De junio de 2021 a la fecha, en la Línea de Seguridad o Chat de Confianza, 55 5533 5533, del Consejo Ciudadano de la CDMX, hemos recibido 15 mil 820 reportes de todo el país.
Acciones que abonan al combate a la impunidad y cierran las puertas a las montadeudas.