Definitivamente aún falta camino por recorrer por todas las impugnaciones que se vienen derivados de vicios en el proceso legislativo que afectan la validez formal de esas reformas.
Sin embargo, hasta hoy ha demostrado la Suprema Corte de Justicia de la Nación los elementos jurídicos que no hacen pensar en una auténtica división de poderes, autonomía y pesos, contrapesos y frenos que todo Estado democrático debe tener.
Aún con los ataques que ponen en serios predicamentos su seguridad, las y los Ministros han actuado con altura de miras circunscribiéndose a argumentos jurídicos de fondo pero que, además, incluyen una visión ciudadana a fin de que todas y todos los mexicanos podamos entender los alcances de las normas impugnada, así como las resoluciones de la Corte.
Desde luego, todas las personas tienen el derecho de manifestarse respecto de lo que mejor les parece para el país, sin embargo, los límites de la libertad de expresión están muy claros en la Constitución y debemos respetarlos.
No sólo porque es norma escrita sino porque es momento de construir un país distinto en el que todas las voces se sientan escuchadas, en el que los recursos se racionalicen y en el que la transparencia sea la línea de actuación de las autoridades.
El trabajo de un órgano como la Suprema Corte debe ser técnico, pero con los elementos suficientes que expliquen las razones de sus decisiones como hasta hoy lo han hecho.
Su papel, bajo ninguna circunstancia debe rebasar la autonomía que tienen los poderes entre sí, sin embargo, sus facultades se encuentran en el sentido de salvaguardar nuestra Constitución como la norma fundamental que debe regir.
Nunca más debemos legislar en el aislamiento, nunca más debemos callar opiniones, nunca más nos debemos cerrar al debate, porque si por algo ocupamos esos espacios es por llevar los deseos del pueblo de México a la más alta tribuna del país.