Decía Montesquieu: “Cuando los Poderes Legislativo y Ejecutivo estén reunidos en una misma persona o corporación, entonces no hay libertad, porque es de temer que el monarca o el senado hagan leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo”.
Lo dicho por Montesquieu es tan cierto, que quedó demostrado con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con respecto a la primera parte de la reforma electoral denominada Plan B.
Hoy los ataques a la Corte, por no fallar a favor del Ejecutivo, solo demuestran el autoritarismo con el que se conduce el régimen, y su desprecio por la división de Poderes.
A este gobierno no le gusta cumplir con las leyes, ni con la Constitución, y es por eso que obliga a sus mayorías parlamentarias a cometer atropellos y a violentar las normas que nos rigen.
Lo que no terminan de entender, es que nuestra Constitución impide que los autoritarios hagan su voluntad, no es la Corte ni sus ministros, es la Constitución; a la que por cierto, prometieron guardar y hacer guardar.
Es mentira que la Suprema Corte esté asumiendo funciones que le corresponden al Poder Legislativo, lo que la Corte hizo fue enmendar la plana al Congreso por violar el proceso legislativo, particularmente, a la mayoría parlamentaria y sus aliados.
La Corte no legisla, no crea leyes, de eso nos encargamos los legisladores, la Corte lo único que hizo fue revisar que el trabajo legislativo sea constitucional, que respete las leyes, los reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado, pero sobre todo, la Constitución.
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Bien lo dijo la ministra Margarita Ríos Farjat: “Esta Suprema Corte está para servir a la sociedad haciendo cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen”.
En México, quienes somos legisladoras y legisladores no podemos legislar violentando la Constitución, de rodillas, y mucho menos, cumpliendo caprichos al por mayor.
La resolución de la Corte, en cuanto a las reformas a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es una llamada de atención para que el Congreso, principalmente, las mayorías parlamentarias, respeten la democracia deliberativa y cumplan con las reglas del proceso legislativo, lo cual no es optativo o voluntario, sino de carácter obligatorio.
La Corte es uno de los tres Poderes del Estado, y una de sus tareas es hacer respetar la Constitución, y es justo lo que hizo el lunes pasado al invalidar la primera parte del Plan B.
Afortunadamente en nuestro país no hay un Poder que se sobreponga a los otros, y la enmienda de plana que hizo la Corte, obedece al equilibrio de Poderes, y es la representación real de los contrapesos en un país demócrata, como lo es México.