El pasado 8 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso un alto a la amenaza y dio un paso decisivo para el restablecimiento del orden constitucional: invalidó la primera parte del coloquialmente llamado Plan B, que en su conjunto es una serie de reformas a seis leyes que si bien no modifican la Carta Magna, sí ponen en riesgo la autonomía e independencia del Instituto Nacional Electoral (INE).
Ya que pretende eliminar el 85% de su estructura actual, desaparecen las oficinas distritales (que organizan las elecciones en sus respectivas áreas geográficas) y permite a funcionarios públicos (incluido el presidente) interferir en las campañas electorales. En pocas palabras, es una artimaña más del partido en el poder para tratar de aniquilar al árbitro electoral y garantizar su sucesión.
Pero con independencia de su trasfondo ominoso, la primera parte del Plan B, que fue publicada el 27 de diciembre de 2022 y que reformaba diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, fue frenada por la Corte por graves violaciones legales en su proceso de aprobación por la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados en ambas Cámaras del Congreso de la Unión y no por su contenido.
Desde que se presentó hasta que se aprobó en el pleno, sin discusión, ellas y ellos pasaron por alto todas las reglas aplicables excusándose con qué son mayoría. En tres horas votaron una iniciativa que reformaba más de 500 artículos… es decir, ni siquiera la pudieron haber leído a cabalidad.
La aprobaron con apuro y por la necesidad rastrera de aminorar el coraje que sintió su líder después de ver a los millones de ciudadanos que se organizaron para salir a defender al INE el pasado 13 de noviembre de 2022.
En su sentencia, aprobada por 9 votos contra 2, la Corte consideró en esencia que las violaciones al proceso legislativo impidieron que se diera un debate democrático en el Congreso de la Unión y que, por obvias razones, los legisladores de oposición no tuvieron oportunidad de conocer lo que se aprobó.
Esa determinación no solo fija un indispensable precedente para el futuro democrático de México, sino que también pone un alto a las mayorías aplastantes cuyo fin pragmático es el poder por el poder mismo. Hay reglas y límites que deben respetarse en un Estado de Derecho, precisamente para que quienes ostentan el poder no hagan lo que quieran ni contravengan los derechos humanos.
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Y como era de esperarse, además de las múltiples felicitaciones y reconocimientos que se han hecho a las y los ministros autónomos que defendieron el orden constitucional por parte de la ciudadanía y de grupos opositores, como Movimiento Ciudadano (que de hecho fue el primero en presentar una acción de inconstitucionalidad para denunciar el atropello legislativo), también están creciendo peligrosos amagos y presiones por parte de órganos gubernamentales y actores políticos, abyectos al régimen, ya que populista y demagógicamente emiten el mensaje de que la Corte defiende intereses particulares y que pasa por encima de la voluntad del pueblo.
Como sociedad comprometida con México debemos defender la integridad de quienes sí sirven de contrapeso al poder y no debemos de bajar la guardia. Al momento de estar escribiendo esta humilde opinión, toda la maquinaria cuatroteísta tiene instrucciones de aniquilar a la Corte por su reciente decisión.
Algunos funcionarios del gobierno han amenazado con un supuesto Plan C en las urnas (que para muchos tiene tufo a violaciones procedimentales graves y militarización). Otro en el Senado ha amedrentado con juicio político a las y los ministros.
Por su parte, el propio titular del Ejecutivo se ha encolerizado y ha advertido que la Cámara de Diputados debe revisar el presupuesto de la SCJN para reducir el ingreso a las y los ministros y ha anunciado que presentará en 2024 una reforma al Poder Judicial que permita “quitar” a los actuales y que los nuevos sean electos por voto popular. ¡Una total barbaridad!
Las mayorías leales no pueden sustituir la capacidad técnica y al entendimiento profundo de las leyes, los precedentes y los asuntos tan complejos que resuelve la Suprema Corte.
El hecho de que Morena y aliados hayan sido electos de manera legítima no les da el derecho de que abusen y que fomenten ataques contra las y los ministros que votaron en contra de su Plan B. Usando el principio dicotómico de “blanco y negro” y “buenos y malos”, esta transformación de cuarta polariza, promueve el odio y apela al discurso fácil de que todo lo anterior a su gobierno “está mal”, produciendo un irracional fanatismo que menosprecia el consenso y el debate.
Se conducen de esa forma porque es mucho más fácil de entender en términos de “buenos y malos” que de los matices grises que tiene la vida política en sí misma.
Por lo pronto, reitero, debemos de continuar por la lucha del sistema electoral que tantos años de lucha le ha costado a la sociedad mexicana y abogar por el equilibrio de poderes, ya que el oficialismo, tal y como ocurrió en las épocas más oscuras del México unipartidista, está buscando cualquier forma de control social… Así es como lo dijo el filósofo español Jorge Ruiz de Santayan: “Quién olvida su historia está condenado a repetirla”.