Desde Palacio Nacional han recurrido a la clasificación de la información con el carácter de “seguridad nacional” para encubrir la corrupción que impera en las adjudicaciones directas y en los sobrecostos de los elefantes blancos del gobierno del Presidente López Obrador.
Bajo la figura de “seguridad nacional”, por ejemplo, se ha escudado la falta de manifestaciones de impacto ambiental para el Tren Maya, tan necesaria para conocer cuáles serán las alteraciones que sufrirán la zona de la Península de Yucatán y su riqueza arqueológica.
La verdad es que no existiría un retraso en la construcción de estas obras si se transparenta la información, más bien lo que quiere este gobierno, es que no se sepa cómo se han robado y dilapidado los recursos públicos en obras que, desde un inicio, se sabía que generarían un impacto regresivo en nuestro país.
La desesperación de López Obrador por ocultar la corrupción en la que está metido su gobierno, es enorme. Están actuando de manera irracional, por eso publicaron un nuevo decreto para ocultar la información a la que los mexicanos tienen derecho a saber y conocer.
Sin duda este segundo decreto, es la muestra clara de que cuando López Obrador no gana, lo arrebata. Seguro así lo va a querer hacer en las elecciones, por eso su insistencia en cometer actos anticipados de campaña, porque no quiere que se sepa el cochinero que tiene en su administración.
Es muy primitivo por parte de la Presidencia de la República, pensar que puede repetir un acto que ha sido declarado inválido. Lo que debería hacer el titular del Ejecutivo federal es respetar la independencia y autonomía del Poder Judicial y no seguir atacándolos por sus decisiones.
Estoy segura que la Ministra Norma Piña y los Ministros valientes de la Corte revertirán de nueva cuenta este decreto.