La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el decreto por el que el Ejecutivo Federal planeaba clasificar las obras prioritarias de su gobierno como de seguridad nacional, por lo que tendrán que pasar por el correspondiente trámite como cualquier otra obra no clasificada de esta manera.
Bien dicen por ahí que no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas ni malas que parezcan buenas, pero esta decisión convertida en decreto tal parece que buscaba evadir los candados por los que tiene que transitar cualquier proyecto de esta naturaleza.
Una obra de seguridad nacional se refiere a cualquier proyecto o acción llevada a cabo por un gobierno o una entidad estatal con el objetivo de proteger y preservar los intereses y la seguridad del país. Estas obras están diseñadas para salvaguardar la integridad territorial, la soberanía nacional y los ciudadanos de amenazas internas o externas.
Las obras de seguridad nacional pueden abarcar una amplia gama de áreas, como la defensa militar, la infraestructura crítica, la ciberseguridad, la inteligencia, la prevención del terrorismo, el control de fronteras, la protección del suministro de energía y recursos naturales estratégicos, la gestión de desastres, entre otros.
Estas obras pueden implicar la construcción, desarrollo, mantenimiento o fortalecimiento de infraestructuras físicas, tecnológicas o de recursos humanos. Por ejemplo, la construcción de bases militares, la implementación de sistemas de vigilancia y monitoreo, el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia y contrainteligencia, la formación de fuerzas de seguridad especializadas, entre otros.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación actuó nuevamente con responsabilidad y apego a nuestra Constitución para fungir como el contrapeso que México necesita en estos momentos ante los arrebatados actos de una sola persona.
Es verdad que se deben ajustar los procesos para que las obras que la ciudadanía necesita se concluyan sin mayores contratiempos, pero las decisiones de nuestro presidente sobre las formas de ejecutar el poder, dan señales de un autoritarismo que hace más daño a nuestro país que el beneficio que se pudiera obtener al respecto.