En el libro ¿Por qué fracasan los países?, los autores Acemoglu y Robinson mencionan, entre otros muchos aspectos, que los países prosperan en medida que perfeccionan sus instituciones autónomas, además, ello no sólo incide en lo económico, sino que fortalece los sistemas democráticos. Sé que en México sobra decir que en estos temas estamos a años luz de estar cerca de países primermundistas, pero al menos hay que encaminar los pasos a ello y uno muy importante es analizar las decisiones que se toman desde el poder público del país, poniendo en alto riesgo la estabilidad.
Es por ello que la Bancada de Movimiento Ciudadano en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, ha impugnado una serie de reformas que son nocivas para México, como las del denominado viernes negro, donde se aprobó por la mayoría parlamentaria de Morena y aliados, la reforma a la ley de ciencia y tecnología, la extinción de Financiera Rural, las profundizaciones de la militarización y tantas otras. Desde que se presentaron hasta que se aprobaron en el pleno sin discusión, Morena y aliados pasaron por alto todas las reglas aplicables excusándose con qué son mayoría. Pero además de las violaciones a los procesos legislativos que se cometieron, los fondos de dichas iniciativas suponen un retroceso en la germinal democracia y en el marco jurídico mexicano.
La reforma a la ley de ciencia y tecnología, convierte al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y centraliza la toma de decisiones en un directorio gubernamental, limita la autonomía de los centros de investigación, elimina la meta de alcanzar el 1% del PIB en inversión para investigación y lo peor es que consolida la presencia de la Fuerzas Armadas. Esta reforma ha sido calificada como aberrante por la comunidad científica, más cuando México se encuentra rezagado en la materia. Según datos de la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), nos encontramos dentro de los países con menor inversión en Investigación y Desarrollo con el 0.29% del total del PIB, y por debajo de Colombia (0.298%), Chile (0.33%), muy por debajo del promedio de los países que forman parte de la misma OCDE (2.67%).
Por su parte, la extinción del organismo público descentralizado llamado Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y la abrogación de su Ley Orgánica supone un duro golpe a los productores del campo de todo el país, ya que fortalecía al sector agroalimentario a través de créditos. El Senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda señaló en un comunicado que “la eliminación de esta institución provocará severos daños en la producción agropecuaria de Jalisco y de todo el país, damnificando especialmente a los pequeños productores que no pueden acceder a otras alternativas de financiamiento”. Por su parte, Luis David Ortíz, también integrante de Movimiento Ciudadano, adujo que los daños provocados a la Financiera Rural fueron causados en esta administración, ya que la cartera del organismo se redujo en 49% entre 2018 y 2023, mientras que la cartera vencida incrementó 67% y el índice de cobertura de la cartera vencida se deterioró de 103% a 78%.
Y qué decir de la necesidad de esta administración de otorgar cada vez más poder y recursos al ejército. Los diputados y senadores de Morena aprobaron en menos de una semana cuatro reformas que le dan aún más poder al Ejército, desde tener su propia aerolínea hasta contar con más recursos para continuar construyendo una de sus obras insignias que es el Tren Maya. Además, se le han otorgado a las Fuerzas Armadas más de 20 funciones, incluso en áreas estratégicas ajenas a sus funciones, tales como el diseño y ejecución de políticas públicas. Con ello no sólo crecen las probables violaciones a los derechos humanos, sino que se provoca un desbalance en la relación cívico-militar y se debilita a las instituciones civiles del Estado y al pacto federal. Además, de acuerdo al reporte “El negocio de la militarización en México” publicado México Unido Contra la Delincuencia, los recursos destinados a la SEDENA han aumentado un 63% entre 2006 y 2021, convirtiéndose en la institución con mayor presupuesto y ha advertido “un alto nivel de sobreejercicio de recursos, opacidad y riesgo de corrupción en el uso de presupuesto público por parte de instancias militares”.
Movimiento Ciudadano al presentar los recursos legales en contra de las arbitrariedades del oficialismo se reafirma como la verdadera oposición ante la corrupción del pasado y de la vieja política tradicional y como oposición ante el nuevo e ineficaz oficialismo. Han sido lamentables las declaraciones por parte de quienes ya tienen elecciones negociadas, refiriéndome a Coahuila y al Estado de México, donde Movimiento Ciudadano no quiso participar en esa simulación, por lo que el PRI quiso culpables. Pero ya veremos qué embajada o cargo diplomático le darán al Gobernador del Estado de México, tal y como ya lo hicieron en cinco entidades.
Ante las arbitrariedades y riesgos para México, Movimiento Ciudadano ha analizado con el Bloque de Contención en el Senado, todas las vías jurídicas para combatir estas reformas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y continuará en la lucha, tal y como ocurrió con la invalidación del Plan B en materia electoral, donde Movimiento Ciudadano fue el primero en presentar una acción de inconstitucionalidad para denunciar el atropello legislativo. De igual forma no ha dejado de denunciar los peligrosos amagos y presiones por parte de órganos gubernamentales y actores políticos que son abyectos al régimen.
A quienes acusan a Movimiento Ciudadano de estar a favor del oficialismo, les ha faltado valor para contender por un proyecto que sí busque el progreso de México, más allá de sus intereses personales.