La división de poderes o el sistema de pesos y contrapesos en nuestro país, ha resultado efectiva una vez más en este sexenio en donde se le ha requerido crónicamente por los distintos atentados a nuestra Carta Magna que se han llevado a cabo a través del Ejecutivo Federal o de reformas aprobadas en el poder legislativo. La semana pasada tocó turno a la última parte del llamado “Plan B” de la reforma electoral que pretendió llevar a cabo la maquinaria del oficialismo en perjuicio de lo establecido en la constitución.
El derecho electoral en México es un conjunto de principios, normas y reglas que regulan el sistema electoral del país y garantizan la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas. Está fundamentado principalmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en leyes y reglamentos específicos que complementan y desarrollan las disposiciones constitucionales.
El sistema electoral mexicano se basa en los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, equidad, transparencia y máxima publicidad. Estos principios buscan asegurar que las elecciones sean libres, auténticas y periódicas, y que los ciudadanos tengan la oportunidad de ejercer sus derechos político-electorales de manera efectiva.
El derecho electoral en México ha experimentado cambios y evoluciones a lo largo de los años. Reformas importantes han sido implementadas con el fin de fortalecer la democracia, garantizar la participación ciudadana y combatir prácticas indebidas. Estas reformas han abordado temas como la paridad de género, la regulación de la propaganda electoral, la fiscalización de los recursos de los partidos políticos y la implementación de tecnología en los procesos electorales, entre otros.
Ahora, bienvenidas sean todas las reformas que sumen y perfeccionen todas las materias en nuestro país, ya que, si bien existe un cierto funcionamiento adecuado en las instituciones electorales, siempre serán perfectibles y deberán adecuarse a los tiempos que vive nuestro país en estas épocas tan cambiantes. Pero éstas siempre deberán realizarse con una alta responsabilidad en pro de la ciudadanía y de acuerdo con lo establecido en nuestra Carta Magna.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez más, se ha comportado a la altura de las circunstancias y no ha cedido ante la presión política orquestada desde Palacio Nacional. Ha decidido invalidar la reforma en materia electoral por distintas fallas en la forma y en el fondo, enviando así el mensaje de que seguirá analizando minuciosamente el actuar del ejecutivo y del judicial para que estos se apeguen estrictamente a lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.