El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es el pilar de la política comercial de nuestro país. Desde su entrada en vigor el 1 de julio de 2020, sentó las bases de una nueva etapa en las relaciones económicas de los tres socios comerciales.
Con el T-MEC, el comercio preferencial se mantiene y crece. Por ejemplo, ocho de cada 10 productos fabricados en México son vendidos en los mercados estadounidense y canadiense. Esto resulta en un intercambio trilateral de 3 millones de dólares por minuto en bienes: un dinamismo único en el mundo, del cual dependen millones de empleos en los tres países. Se trata de una relación comercial económicamente beneficiosa para todos.
Además, el T-MEC es un catalizador de la integración productiva de América del Norte, especialmente en el contexto del nearshoring, con el que las empresas buscan relocalizar sus procesos productivos en la región. En el caso específico de México, las oportunidades que ofrece esta tendencia son una realidad. Sin embargo, éstas se deben concretar mediante la atracción de más inversión extranjera directa y la adopción de una política industrial que incluya esquemas de incentivos y un plan para mejorar la infraestructura, entre otras cuestiones pendientes, como lo he referido en oportunidades previas. A su vez, esto nos ayudará a transitar de mejor manera hacia las industrias del futuro, como la de vehículos eléctricos y semiconductores.
Las diferencias comerciales son normales en una relación tan dinámica. En estos tres años han surgido diversas controversias en sectores como el automotriz, el energético y el agrícola. Es positivo que el T-MEC cuente con los mecanismos necesarios para abordarlas e identificar las mejores alternativas para su resolución.
Es importante hacer que los tres países cumplan los compromisos establecidos en el T-MEC; de esa manera lograremos aprovechar al máximo el potencial del Tratado, al dar garantías de respeto al Estado de derecho.
Como todo instrumento, el T-MEC es perfectible. Por ello se incluyó en el texto una cláusula de revisión de largo plazo, la cual permitirá evaluar su funcionamiento y actualizar las disposiciones que sean necesarias. Así evitaremos que el acuerdo pierda vigencia, como ocurrió con el anterior Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
En México debemos continuar el trabajo coordinado entre el sector público y el privado, de la mano con la academia y la sociedad civil, a fin de identificar las áreas de oportunidad y prioridades por atender en la primera revisión formal del T-MEC, que se realizará en 2026.
PUBLICIDAD
Está claro que el Tratado brinda mayor competitividad, estabilidad y predictibilidad al proyecto de integración de América del Norte, por lo que es tarea de todos asegurar su correcta implementación y mejoramiento para los próximos años. Será fundamental sobre todo en un escenario político-electoral complejo, de cara a las respectivas elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos y México, en las que podrían surgir narrativas que desvirtuarían el debate sobre los beneficios del T-MEC.
Los tres países debemos aprovechar el Tratado y sus mecanismos de diálogo y coordinación de políticas para responder a los desafíos económicos y políticos que se presenten hacia adelante.
La tercera reunión de la Comisión de Libre Comercio del T-MEC, que se llevará a cabo en Cancún, Quintana Roo, los próximos 6 y 7 de julio, permitirá hacer una evaluación a tres años del Tratado y llevar la atención a aquellas cuestiones que son centrales para profundizar en la integración norteamericana.