La Constitución Federal, establece las bases sobre las cuales se desarrollan los procesos electorales en México, previendo que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas.
Existen opiniones de que algunos de los aspirantes presidenciales (tanto de Morena y aliados, como de la oposición “Frente Amplio por México”), han estado llevando a cabo actos para promocionarse en sus aspiraciones a obtener la candidatura presidencial.
En algunos casos, haciéndose valer de los cargos que recientemente dejaron o que siguen ocupando; utilizando recursos públicos y, llevando a cabo actos anticipados de campaña.
Es muy importante que las y los aspirantes a cualquier cargo de elección popular en México, sigan estrictamente con los principios constitucionales y la normatividad reglamentaria y secundaria que existe en materia electoral, pues la finalidad de contar con reglas claras es, precisamente, que los procesos electorales se lleven a cabo respetando el principio de imparcialidad, igualdad y equidad entre los contendientes.
Que se ejerza de manera responsable el derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social, así como que en ningún momento se pueda contratar o adquirir, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión, y que, con ello, influyan en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra.
Quiero puntualizar que, el INE, es el encargado de vigilar este tipo de actos y el Tribunal Electoral del PJF es la máxima autoridad jurisdiccional y especializada, quienes en el ámbito de sus competencias, son los encargados de investigar si los aspirantes presidenciales, con las acciones llevadas a cabo, son responsables de transgredir las leyes electorales y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan; tan es así que a la fecha ya existen sanciones en ese sentido y diversas impugnaciones por resolverse.