En medio del bullicio electoral, con vallas publicitarias colmadas de promesas y rostros sonrientes, es fundamental recordar que las campañas electorales en México están regidas por un marco legal que busca asegurar la equidad y transparencia en el proceso democrático.
En unas campañas que parecen haber iniciado con una anticipación voraz sin que nadie haya llamado la atención de los contendientes por encontrarse en destiempo.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) y la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) son los pilares que sostienen las reglas del juego.
Estas normativas establecen una serie de disposiciones que los partidos políticos y candidatos deben respetar durante sus campañas, con el objetivo de salvaguardar los principios democráticos.
En primer lugar, se establece un periodo específico para la realización de las campañas electorales. Este tiempo determinado, que varía según el cargo al que se aspire, brinda a los candidatos la oportunidad de presentar sus propuestas y convencer a los votantes.
Sin embargo, es crucial que los contendientes aprovechen este periodo para exponer sus planes de acción y evitar caer en la tentación de la descalificación o la confrontación vacía.
La ley también establece límites máximos de gasto para las campañas, con el fin de evitar que la financiación desmedida se convierta en un factor determinante en el resultado electoral. Los partidos políticos y candidatos deben rendir cuentas sobre el origen y el uso de los recursos, garantizando la transparencia en sus acciones y evitando prácticas corruptas que puedan socavar la confianza ciudadana.
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Por supuesto, el cumplimiento de todas estas disposiciones es vigilado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos electorales locales, quienes tienen la responsabilidad de supervisar el proceso electoral y garantizar que se respeten las reglas.
En caso de detectar irregularidades, pueden imponer sanciones que van desde multas económicas hasta la cancelación del registro de candidatos. Es a través de esta vigilancia constante que se busca preservar la integridad del proceso electoral.
Tal parece que hemos retrocedido a los tiempos en donde el marco jurídico electoral es meramente ornamental, a poco menos de un año de las elecciones del 2024, todas las entidades federativas se han tapizado con las caras de los probables contendientes y el INE no ha tomado medida alguna al respecto.
Como ciudadanos debemos estar atentos al actuar de los candidatos porque no sería extraño que nos encontráramos en la antesala de unas elecciones poco pulcras.