México vive hoy una nueva etapa de la normalidad democrática. Como parte de la transformación que impulsamos, se acabó la época en la que quienes pretendían dirigir los destinos del país, de una entidad o incluso quienes querían participar para ser senadores o diputados debían esperar a que se les designara desde las más altas cúpulas.
Ahora nos encontramos en una circunstancia totalmente diferente. Con toda transparencia quienes tienen la intención de tener una participación activa y ser protagonistas del futuro de la Nación lo hacen en libertad y de cara a la ciudadanía.
La actuación de cada persona debe apegarse al marco legal y a las normas que cada partido establezca, a través de sus órganos de dirección. En unas semanas podrán conocerse los nombres de quienes se perfilen como la mejor opción para resolver los desafíos presentes y futuros del desarrollo.
Hasta ahora, la autoridad electoral ha señalado que los actos que realizan los partidos políticos, las organizaciones y los mismos aspirantes se apegan a la Ley. En ese sentido, es muy importante que quienes tienen la responsabilidad de que las contiendas se lleven a cabo en la legalidad, asuman su tarea con rigor jurídico, pero también con suficiente criterio que no inhiba la vocación democrática de la sociedad que en estos tiempos se expresa abiertamente y es de gran utilidad para fortalecerla.
No obstante, hay algunas voces que con añoranza del pasado quisieran acallar a una ciudadanía que se manifiesta con gran entusiasmo e interés. Esas personas que aún esperan señales cifradas para tratar de adivinar y convertirse en supuestos iluminados, pero que en realidad solo buscan su propio beneficio, son quienes señalan posibles irregularidades.
Lo cierto es que este proceso no tiene marcha atrás y mientras se realice dentro de los márgenes de la ley y de la civilidad política permitirá que las y los mexicanos tomen las mejores decisiones en junio de 2024.