La mayoría de los políticos del viejo régimen normalizaron hacer negocios utilizando su influencia para ganar millones con empresas propias en complicidad con políticos, potentados, plutócratas, funcionarios y legisladores que aprobaron leyes por consigna y a modo para el beneficio de particulares, sin importar el interés público. México privatizaba, México parecía estar a la venta.
Recordemos como la mayoría de los legisladores, que debieron haber actuado como representantes populares aprobaron reformas para ser fieles servidores de los potentados.
En mayo de 1989, al inicio del gobierno de Carlos Salinas, el PRI y el PAN avalaron el Plan Nacional de Desarrollo (1989-1994) que permitió la venta de importantes empresas públicas al sector privado.
El 27 de junio de 1990 el PRI y el PAN reformaron el artículo 28 constitucional para entregar bancos que eran propiedad de la nación, eliminando el párrafo que reservaba al Estado la prestación del servicio público de banca y crédito.
El 6 de enero de 1992, el PRI y el PAN modificaron el artículo 27 constitucional para poner a la venta las tierras ejidales.
El 6 de mayo del mismo año los legisladores del PRI y el PAN cambiaron la Ley Minera para entregar concesiones a particulares -hasta por 50 años- para la explotación de plata, oro y cobre; eliminaron los límites de la superficie que podría ser concesionada; derrogaron el impuesto a la extracción de materiales y dieron lugar a la privatización de unidades y plantas mineras del sector paraestatal.
En 36 años se concesionaron 90 millones de hectáreas; es decir 45% del territorio nacional, como explica el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su libro Hacia una Nueva Economía Moral.
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El 22 de diciembre de 1992 “los legisladores aprobaron la reforma a una ley secundaria, que a contrapelo de la Constitución permitió a empresas privadas, principalmente extranjeras, generar energía eléctrica.
El 12 de mayo de 1995 , el PRI y el PAN reformaron la ley reglamentaria del servicio ferroviario para privatizar Ferrocarriles Nacionales de México y venderlo a empresas nacionales y extranjeras.
“Tan descarado fue este atraco que , al terminar su sexenio, el expresidente Ernesto Zedillo se fue a trabajar como asesor del consejo de administración de una de las empresas que se quedó con la mayor parte de la estructura ferroviaria del país, como ha explicado el Presidente en sus conferencias “Mañaneras”.
El 24 de octubre de 2008 , aprobaron la Ley de Petróleos Mexicanos para otorgar contratos incentivados a empresas privadas, nacionales y extranjeras para la explotación del petróleo, exclusiva hasta por 25 años.
Durante el gobierno de Felipe Calderón tenían como empresa contratista favorita a las españolas Repsol e Iberdrola; baste decir que el expresidente Calderón se integró como miembro independiente al consejo de administración de la estadounidense Avangrid, filial de Iberdrola.
El 17 de octubre de 2013 , la Cámara de Diputados aprobó la reforma hacendaria que significó cobrar más impuestos. La mayoría de los contribuyentes, manteniendo los privilegios fiscales para las grandes empresas y los bancos.
Muchas de las grandes fortunas empresariales de México se han hecho por corrupción y al amparo del poder.
Xóchitl Gálvez, representante de la oligarquía en el proceso electoral del 2024, no es la excepción con sus empresas dedicadas a vender servicios tecnológicos. Al respecto, el Presidente ha pedido transparentar los contratos de la ingeniera.
Hoy, sabemos que la 4T no permite negocios al amparo del poder público. El mandato del Presidente ha sido desterrar por completo la corrupción y a impunidad y no habrá interés personal o de grupo capaz de traficar con el dinero del pueblo de México.
¡Los corruptos, no regresarán¡
Durante la administración de AMLO las únicas empresas que son y serán beneficiadas son las públicas, no las privadas.