Al menos en el último cuarto de siglo, hemos visto en nuestros procesos electorales que se han distinguido por condiciones de inequidad debido a los excesos cometidos por algunos partidos políticos.
De ahí que fuera necesario construir un riguroso sistema de fiscalización de los gastos que realizan las organizaciones y candidatos.
En el nuevo periodo que está en marcha para renovar los poderes ejecutivo y legislativo federales, así como casi una decena de gobiernos estatales y la Ciudad de México, un número importante de Congresos locales y presidencias municipales, se han iniciado procesos internos para la selección de las personas que podrán representar a sus partidos.
En ese sentido, ha surgido un gran entusiasmo por parte de la ciudadanía que se traduce en el apoyo a quienes se consideran las personas más adecuadas. Hoy estamos viendo que han aparecido diversas expresiones de respaldo en favor de unos y otros.
Ello ha generado interés de algunos sectores de la sociedad que demandan se transparente el financiamiento de la propaganda.
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Por su parte, la mayoría de las y los aspirantes han dejado en claro que son ajenos a esas muestras y, por lo tanto, las autoridades han señalado la conveniencia de que se investigue y se conozca su origen.
Todas las personas que busquen participar en la próxima contienda electoral están obligadas a actuar con apego a las normas legales y a las disposiciones que para tal efecto emitan las autoridades.
En la nueva época que vive nuestra democracia, marcada por un enorme interés y ánimo social es necesario confiar y fortalecer la capacidad de las instituciones responsables de la conducción de la renovación de los poderes por la sencilla razón de que ya han pasado los tiempos en los que se les utilizaba para generar condiciones inequitativas y, con ello, desviar incluso la voluntad popular.
Eso, es lo que no debemos permitir.