Lamentablemente es una tarea titánica que no cuenta con los recursos legales y financieros suficientes para atajar tan enorme problema, ya que las reglas en los nuevos procesos electorales se quedan cortas ante los cientos de formas de comunicar mensajes propagandísticos que posicionan a las y los candidatos en los próximos comicios, por lo tanto, se debe atender a otros aspectos para la fiscalización.
En primer lugar, esta vez debemos apelar de una vez por todas a la honestidad de las y los postulantes. Esta será la puerta de entrada para recuperar la confianza ciudadana que, aceptémoslo o no, se ha perdido.
Si desde ahora empezamos a hacer campaña fingiendo que no se está haciendo y, además, se asume que los cientos de bardas y espectaculares no fueron obra de los recursos de esa persona sino de un tercero, habremos caído en una falta de probidad que la ciudadanía debe considerar al momento de emitir su voto.
En segundo lugar, si bien la normatividad aplicable no prevé algunas formas de publicidad y propaganda, el árbitro electoral, el INE, debe agotar todos los recursos a su alcance para que se revise cada gasto de campaña por mínimo que sea, ya sea a través de medios impresos, espectaculares, propaganda de mano en mano y, desde luego, los medios de comunicación y redes sociales que se han diversificado tanto que es difícil seguirles la huella.
Aún así, el Instituto debe ser minucioso y tener mano firma a la hora de imponer todas las sanciones pertinentes.
Lo que debe quedar claro a todas y todos los actores políticos es que en este momento de división debemos ser quienes cohesionemos al país, que sea una contienda de propuestas concretas, de debates, de diálogo de altura y no de descalificaciones o trampas de ninguna índole.
Ya que, quien tenga el privilegio de gobernar al pueblo de México tendrá que pasar más tiempo en la reconstrucción que en el diseño de un mejor país. Es fundamental que entendamos que las diferencias ideológicas no nos hacen enemigos.