Comienzo por decir que los marcos jurídicos de nuestro país (Constitución General de la República y leyes electorales federales y estatales), establecen diversas obligaciones para aspirantes a candidaturas a cargos de elección popular y partidos políticos.
Entre las que resaltan presentar diversos informes de gastos y reportes correspondientes, así como apegarse a las reglas en cuanto al financiamiento, y como facultad del INE, a través de la Comisión y Unidad Técnica, la fiscalización de los ingresos y egresos de dichos actores.
Señalando que, la fiscalización electoral, tiene como finalidad que las campañas tanto federales como de las entidades federativas sean financiadas de manera lícita y transparente, para evitar que el dinero “sucio” determine el ganador de una elección, lo que implica, que nuestra democracia sea cada vez mejor.
Debo decir que las reglas de los procesos electorales, se han ido construyendo conforme han pasado los años, es decir, se han realizado reformas constitucionales y legales adecuándose a las realidades que vive nuestro país en dicha materia.
Lo anterior, implica que, si es necesario que modifiquemos las reglas actuales en materia de propaganda, por existir ciertas lagunas, lo haremos, particularmente, para que los aspirantes a una candidatura, bajo el argumento de que ellos no realizan los pagos directamente, respeten los principios de equidad en la contienda, sin embargo, el propio INE, ha señalado que ya se ordenó el monitoreo de algunos gastos para tener constancia de elementos publicitarios, es decir, contamos hoy con reglas y sanciones en el tema que nos ocupa.
Destaco que, en procesos electorales anteriores, se sancionó con multas para partidos y candidatos derivadas de anomalías en sus informes de gastos de campaña federales y locales por más de 1,200 millones de pesos, y por 129 millones 797,083.57 de pesos que correspondieron a 748 quejas).