Las políticas migratorias deben ser diseñadas y operadas por los gobiernos de los países y no por los locales. En ese sentido, pese al federalismo, en este caso de Estados Unidos, el gobierno del estado norteamericano de Texas es un atentado más que a la relación bilateral entre México y el vecino del Norte a los derechos humanos de los migrantes.
Es inadmisible desde cualquier perspectiva las medidas que están tomando esas autoridades texanas. Se trata de un ejemplo claro de xenofobia que incluso está prohibida por el Derecho Internacional. Por eso, el gobierno mexicano ha sido contundente en rechazar la colocación de boyas y alambres de púas en un espacio que corresponde administrar a las dos naciones de manera conjunta y coordinada como es el Río Bravo.
La actuación de nuestro gobierno ha sido prudente, pero firme al exigir mediante notas diplomáticas la aclaración del asunto y la intervención directa de la administración del presidente Joe Biden.
En ese sentido, es de reconocerse la reacción de su gobierno, pero claramente ha sido insuficiente para evitar y eliminar el agravio a los derechos humanos de las personas que solo buscan una oportunidad para vivir en paz y darles a sus familias un mejor futuro, dejando atrás sus historias, sus lugares de origen, sus culturas y sus costumbres.
El gobierno conservador del estado de Texas está actuando con torpeza y sin sensibilidad. Por eso, resulta indispensable que las más altas autoridades de ambos países tomen medidas urgentes por las vías diplomáticas para resolver, lo más pronto posible, un problema que está siendo ocasionado por un gobierno local, pero que enturbia y enrarece las relaciones de buena vecindad y respeto a los derechos humanos que deben prevalecer entre México y Estados Unidos.
Sin duda, las decisiones erróneas de la administración estatal de Texas deben ser atendidas por el bien de la relación bilateral, pero sobre todo para hacer prevalecer los derechos de todas las personas, en especial de los migrantes.