No debe olvidarse que en la Cumbre de Líderes de América del Norte, celebrada a inicios de este año, los gobiernos de Canadá, Estados Unidos de Norteamérica y México, reconocieron que la migración es un fenómeno que ha ido incrementando con los años, por lo que se comprometieron a que ésta sea segura, ordenada y humana. Además, aseguraron que México será el país que acogerá a los migrantes hasta en tanto se defina su situación migratoria.
Lamentablemente, los migrantes, en su paso por México, viven una situación lastimosa, sus derechos humanos son vulnerados, son agredidos por el crimen organizado y son víctimas de la negligencia e irresponsabilidad del Instituto Nacional de Migración.
Sin duda, el gobierno mexicano ha sido omiso en investigar el trato inhumano que reciben los migrantes en nuestro país, no hay una atención a sus demandas, no hay mecanismos de apoyo y no se les garantiza un tránsito libre de violencias. No hay fuentes de empleo para ellos ni condiciones dignas para su estancia.
Las caravanas de personas provenientes de Guatemala, Honduras, el Salvador, Cuba, Venezuela o Nicaragua, son cada día más grandes. Los migrantes sufren de oportunidades económicas, falta de empleo, violencia e inseguridad en sus países de origen, por lo que diariamente, dejan sus hogares, incluso a sus familias, en búsqueda de mejores condiciones de vida y al llegar a nuestro país, son tratadas de manera indigna, donde sus derechos humanos son violados de manera sistemática.
Los migrantes se encuentran desprotegidos y el crimen organizado se ha beneficiado de ello. El trato que el gobierno de Morena le ha dado a los migrantes que huyen de sus comunidades, es altamente condenable. El gobierno mexicano tiene la obligación de garantizar espacios seguros para las personas migrantes y no lo ha hecho.
El compromiso de los gobiernos de América del Norte es en favor de los derechos de los migrantes, por lo que deberán trabajar de manera coordinada para promover la integración de migrantes y refugiados, así como brindar protección a quienes soliciten asilo o se encuentren en estado de vulnerabilidad.