“Así como hemos de rendir cuentas por cada palabra inoportuna, lo haremos también por cada silencio innecesario”.
Benjamin Franklin
Una buena noticia ha despuntado en la vida democrática de México. Después de cinco meses de oscuridad, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) vuelve a la luz, ya que podrá sesionar de nuevo. Así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en un fallo dado a conocer el pasado miércoles, que puntualiza que el pleno del INAI podrá resolver asuntos con sólo cuatro de sus siete comisionados.
Esto se logró gracias al recurso de reclamación que presentaron precisamente sus comisionados ante el máximo tribunal constitucional, ya que el quórum mínimo previsto en la ley para sesionar es de cinco comisionados y los nombramientos pendientes no habían podido concretarse en el Senado por la falta de acuerdos entre las fuerzas políticas… en pocas palabras, por la pugna entre oficialistas y opositores. Los primeros, bajo la premisa de que el INAI sólo es “tapadera” de corruptelas de los gobiernos anteriores, declararon formalmente su intención de destruirlo, mientras que los segundos, reconociendo las debilidades y fortalezas del INAI, se esforzaron por mantenerlo funcionando.
Y es que contrario al modo de la 4T de pasar la motosierra contra los órganos autónomos, no se trata de destruir por destruir lo que es perfectible. Este caso ya era preocupante y vulneraba el derecho humano de las y los mexicanos a tener libre acceso a la información. La parálisis del INAI por falta de quórum, tenía 8,200 recursos de acceso a la información sin resolver, sobre todo cuando el gobierno de la 4T se niega a divulgar datos públicos y los solicitantes promueven impugnaciones.
Es de reconocerse la labor y compromiso de las y los valientes comisionados del INAI, ya que juntos son un pilar indispensable para la democracia en México, así como de la oposición, que es el vehículo natural para diseñar contrapesos autónomos al propio poder, es decir: es la presentación alternativa ante ciertos descontentos, tal y como lo representaron por mucho tiempo quienes hoy Gobiernan.
La articulación que hemos presenciado, tanto de comisionados del INAI, como de la oposición y SCJN es una fiel muestra de que, a pesar de los continuos embates del poder, el sistema democrático sigue en pie y aún con una luz refulgente. Además de estar estrechamente ligada a la pluralidad y a la División de Poderes propuesta por el ilustre Montesquieu (1689-1755), así como al Sistema de pesos y contrapesos depuesto por James Madison (1751-1836) en EU. Ambas teorías adoptadas en nuestro Sistema Jurídico mexicano, mencionan la importancia de mantener bajo control el poder o de evitar legítimamente el abuso del poder gubernamental.
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Asimismo, el hablar de oposición y contrapesos trae consigo figuras como los partidos políticos, que representan instituciones de interés público y pluralidad. En su calidad de opositores, las y los integrante de Movimiento Ciudadano han coadyuvado a que sean más las voces que se pronuncien en los temas trascendentes como el derecho al acceso a la información y la transparencia a los mexicanos.
Y es que la lógica es sencilla, pero al interior de la 4T se hacen los que no entienden. Las partidas presupuestales del gobierno federal son avaladas por el Poder Legislativo y auspiciadas por recursos de los mexicanos, no del gobierno. Como mexicanos, tenemos el derecho de conocer de qué forma se ejercen nuestros recursos en las instituciones en el diario acontecer y ello molesta a quienes quieren la total discrecionalidad en el gasto de dinero público.
La lógica vuelve a ser sencilla para entender por qué se busca su eliminación o fusión: entre más personas estén involucradas en el quehacer público, menos funciones y decisiones concentra el Ejecutivo, a quien sólo le corresponde administrar.
Para “racionalizar” la estructura orgánica de la Administración pública y eficientar recursos, la clave está en el perfeccionamiento de las mismas, no en su transformación o extinción, ello por supuesto en un marco de goce y ejercicio pleno de los derechos humanos.
Pero a la 4T no le gusta nada que evidencie la ineficiencia de su gobierno, que se ha caracterizado por la ineptitud en el ejercicio del poder, la corrupción y la irregularidades financieras y administrativas en sus mega proyectos. Es por ello que las instituciones son necesarias para evitar los excesos, la concentración facciosa del poder y el presidencialismo extremo.
Tal y como lo ha dejado claro Movimiento Ciudadano como oposición: los países prosperan en medida que perfeccionan sus instituciones, además, ello no sólo incide en lo económico, sino que fortalece los sistemas democráticos. Sé que en México sobra decir que en estos temas estamos a años luz de estar cerca de países primermundistas, pero al menos hay que encaminar los pasos a ello y uno muy importante es analizar las decisiones que se toman desde el poder público del país, poniendo en alto riesgo la estabilidad.