En este tema, hago referencia a una investigación llevada a cabo por la agencia de noticias Reuters, publicada en semanas pasadas respecto de un reportaje que documenta cómo los cárteles de la droga utilizan el sistema de envío de remesas de Estados Unidos de América a México para lavar sus ganancias obtenidas por la venta de drogas ilícitas al otro lado de la frontera.
Esto es, los cárteles crean una red de personas que cumplen la función de cobrar en nuestro país los envíos de dinero y luego depositarlos a diferentes cuentas bancarias; estas personas reciben, a cambio, una pequeña comisión y sus ganancias aumentan si logran unir a más gente a la red de cobradores.
El presidente de la república, licenciado Andrés Manuel López Obrador, fue enfático al respecto y negó la información del reportaje cuestionando las fuentes utilizadas por la agencia de noticias de referencia.
“No son capaces de aceptar que el pueblo de México es un pueblo trabajador, fraterno, que se van a buscar la vida arriesgándolo todo, salen adelante, y no se olvidan de sus familiares, no se olvidan de México”.
En este sentido, y lo digo con toda firmeza, las autoridades del estado mexicano, cuando menos, deben ocuparse de llevar a cabo las investigaciones correspondientes en caso de que existan las denuncias respectivas, es su obligación constitucional y legal, lo que implica que puede resultar que no existan tales actividades.
En un estado de derecho como el nuestro, debe prevalecer siempre la legalidad, sobre todo si se considera que el “lavado de dinero” (Operaciones con recursos de procedencia ilícita), es un delito previsto en el Código Penal Federal, y consiste en ocultar el origen ilícito de bienes y recursos obtenidos a través de actividades ilegales, y tiene sanciones importantes para quienes lo cometan.