La investigación periodística realizada por medios internacionales en los que refieren que el crimen organizado mexicano utiliza las remesas para lavar dinero, producto ilegal de la venta y transportación de droga, es altamente preocupante.
La realidad en México es lastimosa, las familias viven con miedo de salir a las calles y no tener la certeza de que regresarán. Viven con el temor de que sus seres queridos nunca regresen y no se sepa su paradero.
La política de Morena de abrazar a los delincuentes ha generado los índices más altos de violencia e impunidad en la historia moderna de nuestro país. Ante la complacencia del gobierno federal, los grupos delictivos utilizan este tipo de ingresos para limpiar toda la cadena de pago de fentanilo y otras drogas.
Las remesas son fundamentales para los mexicanos y es de las principales fuentes de ingresos del país. Por ello, al investigar el delito de lavado de dinero, no se debe criminalizar a los trabajadores que mandan de manera legal su dinero a sus familias.
Las bandas delincuenciales en el vecino país del norte recaban el dinero en efectivo, lo depositan en las remesadoras y lo transfieren a personas que forman parte de una red aquí en México, que por depósito, obtienen una ganancia aproximada de 230 dólares por un depósito de 8 mil. Sin duda, ante el aumento de la pobreza y de la falta de oportunidades, una propuesta como ésta es atractiva para la gente.
Es importante alertar a las personas que reciben este tipo de depósitos para que no caigan en la trampa, porque cometen un delito y eventualmente serán objeto de investigaciones, tanto en México como en Estados Unidos.
Las autoridades en ambos países deben investigar sin criminalizar y detectar quién manda y quién recibe el dinero ilegal, es decir, trazar la huella de estos recursos y reforzar el sistema financiero.