Las remesas constituyen una fuente de ingresos muy importantes para muchas familias de nuestro país. La migración de mexicanas y mexicanos que cruzan la frontera en busca de mejores oportunidades de vida no solo se ven reflejadas en la calidad de vida en general, sino también en los ingresos. Esas personas que se van en busca de un trabajo también lo hacen para poder ayudar a los suyos que se quedan en el país.
Sin duda, las remesas representan un gran apoyo para personas que se encuentran en una situación económica precaria. En últimas fechas se han divulgado rumores sin fundamento comprobado relativos a que se están realizando operaciones para blanquear recursos provenientes de actividades ilícitas.
Regularmente, las transferencias que se llevan a cabo desde el extranjero se hacen a través de empresas o instituciones financieras, las cuales son reguladas tanto en el exterior como a nivel nacional.
Es decir, se cuenta con instituciones que tienen la responsabilidad de vigilar que las operaciones financieras se lleven a cabo conforme a la ley y evitar el lavado de dinero. Esas autoridades tienen la obligación de prever, investigar y, en su caso, sancionar cualquier actividad ilícita de esa naturaleza.
Si así fuera, debe tenerse plena seguridad que se actuará con apego a derecho y se castigaría a quienes aprovecharse y abusar de una causa tan noble como son las remesas de los trabajadores migratorios.
Los rumores parecieran tener el propósito de inhibir que las y los trabajadores mexicanos envíen dinero a sus familias como una práctica solidaria y, con ello, afectar al sistema financiero nacional, así como influir en el tipo de cambio de la moneda, que durante esta administración se ha apreciado, como consecuencia de la confianza en el peso y, por supuesto, en las decisiones de política económica, financieras y monetarias tomadas por las autoridades gubernamentales y del banco central.