En fechas recientes Gustavo Aquiles Villaseñor, Juez de Control Federal del Reclusorio Norte ordenó liberar al abogado del expresidente Peña Nieto, cercano a Carlos Salinas de Gortari, Carlos Romero Deschamps, Roberto Madrazo, y a Diego Fernández de Cevallos, entre otros personajes.
Le concedió la libertad provisional en el proceso iniciado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, lo cual revela no solo influyentismo, sino la urgencia de que exista una profunda reforma al Poder Judicial, órgano hoy por hoy lejano de generar justicia para los mexicanos.
¡Urge reformar el poder judicial, está podrido…! No podemos seguir permitiendo que el pacto de impunidad continúe siendo una práctica común respaldada por jueces, magistrados y ministros.
Es urgente que haya quien verifique la actuación de jueces, ministros y magistrados. No puede ser que nadie revise su actuar, su proceder. No pueden seguir tomando este tipo de resoluciones y con ello agraviando a la sociedad con muestras de cómo estos personajes eluden la justicia.
Hay suficiente evidencia de cómo Collado se manejaba con lazos que le hicieron mucho daño a nuestro país; su liberación es prueba de que con amistades poderosas se logran este tipo de resoluciones.
Con su liberación se fortalece la propuesta de que sea el pueblo quien elija a los jueces, como lo ha planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de un Poder que está al servicio de una minoría rapaz, pero no del pueblo Todos tendríamos que tener el mismo derecho que los traficantes de influencias.
De hecho, desde el pasado 4 de junio, Collado fue excarcelado del Reclusorio Norte y trasladado al Hospital Ángeles del Pedregal.
PUBLICIDAD
Con la resolución del juez Aquiles Villaseñor, Collado podrá circular libremente con un brazalete electrónico que deberá alquilar con una empresa de brazaletes, y reportarlo al juez. Con ese argumento podríamos preguntarnos:¿Por qué otros reclusos también en mal estado de salud no obtienen el mismo trato?
Fue en junio de 2019 cuando se iniciaron cuatro procesos contra Collado, tres de orden federal y uno de fuero común. Uno fue abierto por una supuesta defraudación fiscal por 36.7 millones de pesos, pero el juez Aquiles también le canceló en dicho proceso, la prisión preventiva justificada y en su lugar le impuso el uso del brazalete electrónico, la entrega de su pasaporte y el pago de una fianza por 1 millón de pesos.
“Collado también fue procesado por el delito de fraude, porque supuestamente hizo maniobras ilegales para que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitara el desbloqueo de 76.5 millones de euros que tiene depositados en el Principado de Andorra. En este asunto, ya ganó un amparo cuya consecuencia fue que el juez resolviera no vincularlo a proceso, y el fallo ya fue confirmado por un tribunal de alzada.
En Chihuahua también lo vincularon a proceso por un supuesto peculado de 13.7 millones de pesos, sin embargo, Collado consiguió cancelar la prisión preventiva justificada y luego ganó el amparo en primera instancia contra el procedimiento”. (Diariomx, Agencia Reforma, 22 septiembre, 2023).
A su vez, Uriel Carmona, aún fiscal de Morelos, también enfrentará su proceso penal en libertad toda vez que por cuarta ocasión un tribunal colegiado ordenó su liberación. Al respecto, la Doctora Claudia Sheinbaum, Coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, comentó no estar de acuerdo con la liberación de Uriel Carmona, porque ello demuestra nuevamente una falla en el uso de la justicia, y un beneficio a un “presunto delincuente porque no ha sido juzgado”.
“En este caso, el Poder Judicial está actuando para proteger a un encubridor de un feminicidio (…) el Poder Judicial está por la impunidad, en vez de hacer justicia, pues está a favor de la impunidad en nuestro país, por eso tiene que reformarse el Poder Judicial” enfatizó.
Ahora Carmona enfrenta cuatro procesos en libertad, tres de ellos relacionados con el lamentable feminicidio de Ariadna Fernanda, cuyo cuerpo fue encontrado el 31 de octubre de 2022 en la carretera La Pera- Cuautla; y otro por su presunta responsabilidad en el delito de tortura en agravio de Luis Alberto N, El Diablo.
Está claro que jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se empecinan en conseguir que no siga preso a pesar ser señalado por el encubrimiento de un feminicidio, operaciones con recursos de procedencia ilícita, tortura y vinculación con grupos de la delincuencia organizada.
Es clara la protección al fiscal morelense por parte de todo el Poder Judicial, sobre todo con el argumento de que tiene fuero.
La urgente reforma al Poder Judicial tiene que pasar por cambios constitucionales, y además posibilitar que el Consejo de la Judicatura revise la actuación de los jueces.
Es necesario que la oposición en el Congreso de la Unión tenga la sensibilidad para hacer avanzar la reforma constitucional que exige la gente, que exige la justicia.
Por ello, hago un llamado a la oposición para que le entremos al tema, para así acabar con la impunidad de las máximas autoridades presuntamente legales.