Por décadas el Poder Judicial ha sido intocable. Les llegó su turno. En el 2018 con la victoria del presidente López Obrador se expresó el mandato del pueblo para que se impulse la austeridad y el combate a la corrupción. El divorcio entre el poder oligárquico y el pueblo, los lujos, los dispendios y la opulencia han llegado a su fin para todos los sectores del Estado Mexicano, sin excepciones.
Algunos de los privilegios que tienen los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación gracias a los fideicomisos del poder judicial son: 300 mil pesos mensuales de salario; 568 mil pesos de aguinaldo; 100 mil pesos de prima vacacional y 30 días de vacaciones pagadas; 200 mil pesos para medicamentos; 800 mil pesos para restaurantes de lujo; seguro de vida por 12 millones de pesos; dos vehículos blindados con valor de seis millones de pesos que se renuevan cada 2 años; escoltas del servicio de protección federal; 44 millones de pesos en lavandería, y 50 millones para alimentos (con gelatinas ilimitadas)...
Además de: viáticos para viajes nacionales e internacionales y pago ilimitado de peajes; 5.5 millones de pesos mensuales para contratar personal; seguros para autos y casa habitación, 6 teléfonos celulares de gama alta y 3 iPads para ministros, familiares y personal de apoyo; instalación de video vigilancia, computadora e internet en sus casas.
A su retiro los ministros reciben: 20 millones de pesos por seguro de separación; pensión vitalicia con casi la totalidad de su sueldo; dos vehículos blindados y dos personas de apoyo a su servicio de por vida, y finalmente (la burocracia dorada también muere) pago por defunción de 1.1 millones de pesos: ...Un viaje VIP, segmento premium al más allá.
En este contexto, el Senado de la República recibió de la Cámara de Diputados el proyecto de decreto para reformar el artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación a fin de extinguir 13 fondos y fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.(PJF).
Las y los senadores de Morena respaldamos la votación de la Cámara de Diputados. Actualmente el PJF cuenta con 14 fondos y fideicomisos, de los cuales 13 no están contemplados en la Ley Orgánica del Poder Judicial; de ellos cinco pertenecen al Consejo de la Judicatura Federal, seis a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ; y dos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Hasta el segundo trimestre de 2023 estos fondos representan 15 mil 434 millones de pesos que no le pertenecen a jueces, magistrados y ministros , sino que es dinero del pueblo de México.
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De los 14 fideicomisos sólo el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia está contemplado en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; los demás fondos no cuentan con un respaldo jurídico adecuado.
El objetivo del dictamen y la intención de la propuesta es despejar la opacidad, discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos, promover el fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas, y la austeridad en la gestión de recursos públicos en todos los niveles y sectores del Estado Mexicano.
No podemos permitir que los recursos públicos que se destinan al Poder Judicial y que pertenecen al pueblo de México se destinen a fondos y fideicomisos de privilegios para una casta dorada… No olvidemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió como herencia de los gobiernos neoliberales un país inmerso en la corrupción, con 52 millones 400 mil pobres (más de la mitad de la población) de los cuales 9 millones 300 mil sobrevivían en la pobreza extrema.
Van algunos ejemplos: El fideicomiso para pensiones complementarias de magistrados (11) y jueces jubilados (22) tiene 4 mil 722 millones de pesos; y del mantenimiento de casa- habitación de magistrados y jueces 76 millones 572 mil pesos.
El Fideicomisos para apoyos médicos complementarios y apoyo económico extraordinario para servidores públicos del PJF es de 69 millones de pesos; y el de desarrollo de infraestructura que implementa las reformas constitucionales en materia de justicia federal es de cuatro millones de pesos.
El fideicomiso de pensiones complementarias a mandos superiores es de 832 millones de pesos; el de pensiones complementarias de mandos medios y personal operativo es de 2 mil 972 millones de pesos, y el plan de prestaciones médicas es de 145 millones de pesos.
En la Cuarta Transformación se pone fin a los privilegios del Poder Judicial, y se coloca como prioridad el bienestar del pueblo de México para que lo público sea cada vez más público.
Hoy el Poder Legislativo tiene un presupuesto menor que en el 2018, igual que el Ejecutivo, mientras que el Judicial se niega a reducir el gasto público cometiendo una ilegalidad con subejercicios que no regresaron a las arcas públicas.
Mejor que esos recursos se destinen a becas para beneficiar a dos millones de niños y jóvenes como lo ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Actualmente se entregan 6 millones de becas a estudiantes de nivel básico y aún faltan más; por ello el Presidente ha llamado al Poder Legislativo a que los 15 mil millones de pesos del recorte en fideicomisos al Poder Judicial no sean devueltos a la Tesorería de la Federación sino que sean etiquetados para 2 millones de becas para estudiantes en el nivel básico, preescolar, primaria y secundaria de familias pobres.
Tenemos que democratizar el Poder Judicial y quitarles sus privilegios, con rendición de cuentas claras, y que no engañen a los trabajadores del Poder Judicial, ya que si comprueban que tienen sus ahorros en estos fideicomisos, se les regresarán integralmente, por lo que no habría ninguna afectación a sus derechos.
Dejaremos claro, como lo hemos hecho en días recientes, que los recursos o aportaciones que se demuestre son de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación no estarán en riesgo con la extinción de los fondos y fideicomisos. Debemos distinguir entre los que son los recursos, ahorros de los trabajadores, que por ley les corresponden, y la ostentación del Poder Judicial.
Sabemos que el dinero de los trabajadores es sagrado, extinguir fideicomisos no significa desaparecer el dinero de los mismos, ni implica que el recurso regrese de inmediato a la Tesorería. Se verá el mecanismo para devolverles cada peso que han acumulado a lo largo de su vida laboral.
Tendrá que darse un proceso administrativo y serán los trabajadores quienes en su caso demostrarán – vía la Tesorería de la Federación y el Consejo de la Judicatura- que su dinero no es fruto de los “guardatitos” de la Corte, o del dinero subejercido del presupuesto.
No confundir el legítimo derecho de los trabajadores con los altos privilegios de la burocracia del Poder Judicial que no permitiremos se mantengan.
La próxima semana, primero en Comisiones y después ante el Pleno habrá un debate álgido y fuerte, porque a la oposición no le gusta la austeridad, ni la eliminación de los privilegios en el ámbito público.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha llamado a los senadores a no mover ni una coma al dictamen que hemos recibido de la Cámara de Diputados.
Así lo haremos, cuidando que a los trabajadores no se les afecte, y que el ajuste, como se ha planteado, se haga con la élite dorada- para que se acaben los beneficios de 11 ministros en activo y 22 en retiro, entre otros funcionarios (que no) servidores públicos.
Respaldamos la decisión de los diputados y acompañaremos mayoritariamente esta votación ahora en el Senado. Parte importantísima de la agenda de la 4T es privilegiar la austeridad, aunque parece que los miembros del Poder Judicial quisieran que su proceder sea revisado de manera distinta a los otros órganos del estado, lo cual no puede ser.
Es necesario un debate profundo sobre la rendición de cuentas y la transparencia en el Poder Judicial. Necesitamos abrir el diálogo, terminar con la opacidad de los fideicomisos judiciales, para así recuperar la confianza pública en el sistema judicial, y cerrar su “caja chica” de excesos.
El debate es urgente. En la Cuarta Transformación se pone fin a los privilegios del Poder Judicial, y se coloca como prioridad el bienestar del pueblo de México para que lo público sea cada vez más público. Claudia Sheinbaum, coordinadora nacional de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación ha comentado que los fideicomisos eran parte del Poder Judicial para sus propios prestaciones y no tienen razón de existir. “El poder judicial tiene que ser generoso y contribuir con el recurso de sus fideicomisos para la disminución de la desigualdad y la pobreza en el país”, dijo.
Queremos una Corte más cercana, más solidaria, sin lujos ni privilegios, una Corte sin excesos, republicana y austera con base a un auténtico Estado de Derecho para convertir el hábito la consigna de los liberales del siglo XIX, y del presidente Andrés Manuel López Obrador: “Al margen de la ley nada, y por encima de la ley, nadie”.