La autoridad electoral debe validar mensajes políticos conforme a la ley mexicana

La senadora Kenia López responde a la pregunta: ¿Cómo evitar las reiteradas violaciones a las leyes electorales rumbo a 2024?

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio inició a la distribución de las 102 millones de boletas electorales y material de casillas para los comicios del próximo 6 de junio. Las unidades con el material electoral serán custodiados por elementos del ejército nacional a los distintos estados de la República.
La pregunta: ¿Cómo evitar las reiteradas violaciones a las leyes electorales rumbo a 2024? (Cuartoscuro /Mario Jasso)

Es fundamental que la autoridad electoral esté atenta al actuar de las y los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, así como aspirantes a algún cargo de elección popular, ya que deben conducirse con rectitud y hacer valer los principios de imparcialidad y neutralidad en el marco de los procesos electorales vigentes. Igualmente, deberán investigar las denuncias ciudadanas presentadas ante cualquier mal uso de los programas sociales o de recursos públicos.

Por ejemplo, en la Ciudad de México, Morena ha iniciado una ilegal campaña propagandística en la que ha hecho promoción personalizada, promesas de campaña, actos anticipados de precampaña y campaña, y desvío de recursos públicos, lo que daña la equidad en la próxima contienda y viola preceptos constitucionales de legalidad, imparcialidad, neutralidad y certeza. Basta ver los espectaculares, bardas, lonas, carteles y demás utilitarios que han sido distribuidos por toda la capital del país.

Ante estos casos de actos anticipados de campaña y precampaña, la autoridad electoral debe verificar que los mensajes que emitan los actores políticos no sean contrarios a lo que establece el marco normativo mexicano.

Es importante señalar que existen numerosos criterios y jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que establecen que las y los servidores públicos tienen la obligación de aplicar con imparcialidad y neutralidad los recursos públicos que les son asignados. Lo anterior tiene una finalidad sustancial, y es que no haya una influencia indebida por parte de las y los servidores públicos en la vida democrática. Al utilizar ilegalmente recursos públicos, se daña a la sociedad en general, ya que se dejan de prestar bienes y servicios en beneficio de los mexicanos.

Las y los servidores públicos tienen la obligación de destinar los recursos públicos para los fines que fueron aprobados, a efecto de impedir un beneficio personal o de partido. Por lo tanto, destinarlos a un fin distinto constituye una vulneración al marco normativo y, en consecuencia, debe ser sancionado.

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