Es noticia generalizada que las leyes electorales vigentes se han transgredido de manera reiterada en el camino a las elecciones de 2024; por lo que surge la necesidad de priorizar una cultura de la prevención en nuestro país, como base fundamental para evitar violar las reglas electorales. Sin embargo, esto, hoy, es una legítima aspiración, únicamente, dado que muchos de los actores políticos cuentan con un alto número de violaciones confirmadas, según información del Catálogo de Sujetos Sancionados de la Sala Especializada.
Debo decir que los marcos jurídicos de nuestro país (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes electorales federales y estatales), se han ido construyendo conforme han pasado los años, es decir, se han realizado reformas constitucionales reglamentarias y legales adecuándose a las realidades que vive nuestro país en dicha materia, lo anterior, implica que, si es necesario que modifiquemos las reglas actuales en materia de proselitismo, precampañas y campañas, por existir ciertas lagunas, lo haremos, particularmente, para que todos los actos de las personas involucradas sean respetuosos de los principios que rigen la materia electoral, pues la finalidad de contar con reglas claras es, precisamente, que los procesos electorales se lleven a cabo respetando el principio de imparcialidad, igualdad y equidad entre los contendientes.
El Instituto Nacional Electoral (INE) es el encargado de vigilar este tipo de actos y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad jurisdiccional y especializada, quienes en el ámbito de sus competencias, son los competentes de investigar si los aspirantes a cargos de elección popular, con las acciones llevadas a cabo, son responsables de transgredir las leyes y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan; muestra de ello es que a la fecha ya existen sanciones en ese sentido y diversas impugnaciones.