El 7 de noviembre se entregó al presidente de Chile, Gabriel Boric, el texto constitucional que se someterá a plebiscito el 17 de diciembre. Este será el segundo intento por aprobar un documento rector diferente del que se diseñó durante el régimen militar de Augusto Pinochet. Desde entonces, la Constitución se ha reformado unas 60 veces, la mayoría de ellas en el periodo del mandatario de izquierda Ricardo Lagos.
Las perspectivas para la aprobación son mínimas, pues el proyecto adolece del mismo problema que tuvo para el primer referéndum: que no incluyó las voces de una buena parte de la población. Esta vez se excluyó a quienes tienen valores progresistas. El exmandatario Lagos opinó al respecto que no se ha entendido que la Constitución es la ley de leyes, que es para todas y todos, incluso para quienes piensan diferente.
El 4 de septiembre de 2022, la población rechazó con un 62 por ciento el texto constitucional que se propuso. Este primer intento surgió para darle cauce a las protestas sociales de cambio ocurridas en 2019. Una de las críticas de la derecha entonces fue que el documento privilegió los postulados de la izquierda más radical. Posteriormente, al ganar el no en el referéndum, diferentes fuerzas políticas decidieron emprender un nuevo esfuerzo constituyente.
En este proceso, los partidos políticos pactaron algunos principios que no se podrían contravenir. Los temas incluían la unidad del Estado; la separación de poderes; la autonomía del Banco Central y la Contraloría General; el respeto a los pueblos indígenas; el compromiso con el cuidado del medio ambiente, y la protección de derechos y libertades fundamentales. Otro órgano de este proceso fue la Comisión de Expertos, la cual redactó un anteproyecto que trató de articular una visión amplia de posiciones.
En mayo pasado, la población eligió a 50 personas para integrar el Consejo Constitucional, que redactó el texto final. En su composición predominaron la derecha tradicional y la extrema con 34 escaños. Con más de dos tercios de los votos, las fuerzas conservadoras controlaron el espacio de discusión. Por otra parte, la coalición de izquierda alcanzó un 29 por ciento de los apoyos y obtuvo 17 representantes, con lo que no contó con capacidad de veto. Ahora, con la entrega del proyecto al presidente Boric, iniciarán las campañas en torno al referéndum. Están obligadas a votar más de 15 millones de personas.
Entre los puntos que generaron mayor controversia está una definición ambigua del Estado social. Asimismo, no generó consenso la idea de que “la ley protege la vida del que está por nacer”, que representa un retroceso respecto a las tres causales de aborto reconocidas en la Constitución actual. Otros artículos impiden el derecho de huelga, garantizan la rápida expulsión de personas inmigrantes indocumentadas y estipulan el uso de sistemas privados de pensiones, educación y salud.
Quienes simpatizan con el texto señalan como puntos positivos que introduce más herramientas para controlar la frontera, y que crea una nueva fiscalía para combatir al crimen organizado, una agencia anticorrupción y una defensoría de víctimas. También destacan que el documento refleja las preocupaciones ciudadanas por la inseguridad, y celebran la reducción del número de diputaciones federales. Entre los argumentos en contra, las fuerzas de izquierda consideran que el texto es más conservador que la Constitución actual, sobre todo respecto a normas de género o relativas a la educación, y que no se garantizan claramente las responsabilidades sociales del Estado.
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Encuestas recientes ubican que el rechazo está entre el 50 y el 54 por ciento, y a favor se reporta del 34 al 44 por ciento, mientras que las y los indecisos fluctúan entre el 15 y el 30 por ciento. En las últimas semanas, el número de personas que aprobarían la Constitución aumentó gradualmente, pero la mayoría de analistas considera que es muy poco factible que gane el sí en el referéndum.
La administración del presidente Boric informó que se mantendrá al margen durante la campaña previa a la consulta y que no habrá un nuevo proceso constitucional durante su Gobierno en caso de que no se apruebe el documento. Por segunda vez, parece que no prosperará el esfuerzo de avalar un texto fundacional, al excluirse las voces diferentes, esta vez las del lado izquierdo del espectro político.