De manera sorprendente, el 7 de noviembre pasado António Costa, primer ministro de Portugal, dimitió para enfrentar un proceso en su contra por corrupción. Durante varios años, el político fue un referente sólido para la izquierda europea. En 2015 consiguió forjar un acuerdo entre las fuerzas progresistas para formar un Gobierno de minoría. Entonces trabajó por la recuperación económica del país, aumentó el salario mínimo y redujo la jornada laboral de las y los empleados públicos.
En 2019 condujo otro mandato, y en 2021, tras el rechazo a su propuesta presupuestaria, convocó a elecciones anticipadas y triunfó una alianza entre el Partido Socialista —que celebró en abril 50 años—, el Partido Comunista, el Bloque de Izquierda y Los Verdes. Esta vez obtuvo la mayoría absoluta.
Se le conocía por ser un buen negociador y buscar acuerdos por consenso, tanto en política doméstica como en el exterior. Nació en una familia de izquierda, con un padre escritor y una madre periodista. Fue alcalde de Lisboa y secretario general del Partido Socialista. Asimismo, se desempeñó como eurodiputado, ministro del Interior y también de Asuntos Parlamentarios y de Justicia en el gobierno de António Guterres, actual secretario general de la ONU.
La crisis fue revelada la semana pasada, cuando se difundió que la Fiscalía investiga a varios elementos del Gobierno de Portugal por corrupción, prevaricación y tráfico de influencias. A Costa lo acusan de “desbloquear procedimientos”, lo que se analizará en “forma autónoma”. Las pesquisas tienen que ver con irregularidades en el otorgamiento de concesiones de litio e hidrógeno verde a varias empresas.
En el centro de la investigación está el proceso de adjudicación de la mina de litio en Montalegre a la empresa Lusorecursos —filial de la compañía australiana Dakota— y la operación de otra mina en Cuevas de Barroso, con la participación de la firma británica Savannah Resources. En los dos casos la aprobación enfrentó numerosas quejas e, incluso, un informe en contra por parte de la ONU. Estas propuestas se enmarcan en la estrategia de convertir a Portugal en un productor de litio de calidad, para usar este metal en automóviles eléctricos y aparatos electrónicos.
Hay otros dos proyectos bajo la lupa que se localizan en el puerto de Sines: una central de producción de energía a partir de hidrógeno y la construcción de un centro de datos, conocido como H2Sines. Costa mencionó que esta iniciativa era la de mayor inversión extranjera en Portugal “desde la llegada de la fábrica de Volkswagen” y defendió que sí se respetaron las condiciones de protección medioambiental. También llamó a seguir alentando la inversión privada en energías limpias.
Después de que la Procuraduría General de la República registró la residencia oficial, Costa dimitió. Los fiscales también han buscado indicios de los delitos imputados en otros cuarenta lugares, entre ellos el despacho del jefe de gabinete del ex primer ministro y dos ministerios.
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Costa afirmó que estaba dispuesto a colaborar en lo que fuera necesario. Señaló que “la dignidad de las funciones no es compatible con la sospecha de actos ilegales”. También aseguró que no llevaba en su conciencia “el peso de cualquier acto ilícito o censurable” y que confiaba en la justicia.
Como resultado de esta crisis, el presidente Marcelo Rebelo de Sousa convocó a elecciones anticipadas el 10 de marzo próximo. Para competir, el Partido Socialista elegirá a su nuevo líder en unas primarias del 15 y 16 de diciembre. La nueva dirección se definirá en un congreso en enero. Voces expertas aseguran que si esta fuerza política no se divide tendrá más posibilidades de desempeñar un buen papel en los próximos comicios.
Hasta su renuncia, Costa era el único socialista —además del maltés Robert Abela—, que contaba con mayoría absoluta en Europa, cuyos Gobiernos están marcados por la fragmentación parlamentaria. Después de parecer una autoridad sólida de izquierda, el ex primer ministro portugués se dispone ahora a rendir cuentas de sus actos y de la de sus colaboradores cercanos.