La literatura de ciencias sociales determina que el cuidado del medio ambiente, así como la adaptación y mitigación frente al cambio climático, son bienes públicos, cuya característica es estar disponibles para todas y todos (no se puede excluir a nadie), y cualquier persona puede disfrutar de ellos sin disminuir los beneficios para los y las demás. El problema es que alguien debe pagar el costo en el presente para que este tipo de bienes funcionen en el futuro. En este contexto, es indispensable la cooperación de las partes.
La comunidad global, reunida en París en 2015, llegó a un acuerdo para reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero, con el fin de poder mantener el aumento de la temperatura global a menos de 2 °C por encima de los niveles preindustriales y, de ser posible, sólo 1.5 °C más. También concluyó que evaluaría periódicamente el progreso colectivo hacia este objetivo.
Hace unos días comenzó la Conferencia de las Partes 28 (COP28). Es la cumbre que cada año realizan los países —incluido México— que pertenecen a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). La COP28, que se está celebrando en Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, recibió a unas 70,000 personas delegadas, el doble de las que acudieron a la COP21 en París.
Participan en ella representantes de Gobiernos y sus equipos negociadores, pero también empresariado, pueblos indígenas, jóvenes, periodistas, personas estudiosas de la ciencia del clima y con otra expertise. Entre los temas por tratar están el abandono progresivo de los combustibles fósiles, asegurar recursos para una transición justa y apuntalar el objetivo de calentamiento global recomendado por la ciencia.
En septiembre pasado se difundió el Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático y el reporte de la fase técnica del Balance Global. Estos documentos delinean el contexto en el que inició la COP. Las y los científicos comunicaron que el mundo está lejos de generar las condiciones que aseguren que la temperatura de la tierra no cruce 1.5 °C más respecto a la temperatura de la etapa preindustrial. Con la información que se divulgó, se ve difícil cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. De hecho, 2023 ha sido el año más caluroso registrado, con severas consecuencias para las personas y la vida silvestre.
Una de las principales preocupaciones sobre el tema es quién paga los costos, tanto para adaptarse al cambio climático como para mitigar sus efectos. Las discusiones sobre financiamiento son complicadas, pues los países en desarrollo señalan que las economías más avanzadas no han cumplido su promesa de aportar 100 mil millones de dólares al año para mitigación y adaptación. De hecho, una publicación de la ONU notificó apenas que las naciones ricas redujeron su ayuda para los esfuerzos de adaptación climática entre 2020 y 2021.
Justo al iniciar la cumbre, se aprobó un fondo de pérdidas y daños. Este concepto incluye las mermas económicas —viviendas, tierras cultivables o negocios—, así como las no económicas, como la muerte de personas o la pérdida de biodiversidad. Estos efectos se deben a fenómenos climáticos extremos: ciclones, sequías, olas de calor, etc., o transformaciones lentas: el aumento del nivel del mar, la desertificación, el derretimiento de los glaciares y la degradación de las tierras, entre otras.
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El año pasado, en la COP27, se acordó establecer este fondo con la idea de que los países ricos paguen a los más vulnerables que ya padecen los efectos de la temperatura global. El supuesto detrás es que las economías avanzadas han contribuido más al calentamiento de la tierra. En estos meses, los Estados negociaron las bases de funcionamiento de este mecanismo y en el primer día de la Cumbre se aprobaron los términos de su operación. A la fecha del cierre de este artículo, 18 naciones habían asumido compromisos por más de 700 millones de dólares, incluidas las aportaciones de los Emiratos Árabes Unidos, Alemania, el Reino Unido, Italia, Francia, Países Bajos, Estados Unidos y Canadá.
De acuerdo con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, este fondo requiere para operar 40 mil millones de dólares anuales hacia 2025. Aunque la creación de este mecanismo es una buena noticia, todavía hay temas por resolver, como su capitalización y sostenibilidad. Las voces críticas señalaron que acceder a los recursos, por ahora en la sede del Banco Mundial, será técnicamente complejo para las economías pequeñas.
Cada vez se dejan oír más los llamados de los países emergentes y menos desarrollados para que se incorpore la noción de justicia en esta transición hacia una economía más limpia. Ese paso requiere del compromiso de todos los actores, para modificar estructuras de producción, y de miles de millones de dólares que la mayoría de las economías no tienen. Hay muchas expectativas sobre los resultados que se generarán en esta cumbre. En tal marco, México promueve una acción climática ambiciosa, justa y socialmente responsable.