El 14 de diciembre pasado, los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, se comprometieron a no intensificar el conflicto por el Esequibo, un territorio en una larga e histórica disputa entre ambos países y que derivó en una crisis luego del referéndum venezolano del 3 de diciembre que tuvo por fin recuperar esta región.
Los mandatarios también acordaron establecer, de inmediato, una comisión conjunta con sus ministros de Exteriores y técnicos, que deberá presentar sus primeros resultados en un plazo de tres meses. El mismo período de tiempo en el que esperan celebrar un segundo encuentro en Brasil.
El Esequibo, también conocido como Guyana Esequiba, un territorio de casi 160,000 km2, se ubica en el litoral atlántico al noreste de América del Sur, entre los ríos Orinoco y Esequibo, y queda limitado por Brasil en el suroeste. Su población es de 128,000 habitantes y una gran parte de su superficie es selva tropical poco explotada; además, cuenta con una extensa red fluvial y 300 kilómetros de costa con sus respectivas aguas territoriales y zona económica exclusiva. A su extensa red fluvial se suman cataratas y caídas de agua que brindan grandes oportunidades hidroeléctricas. También posee importantes reservas de oro, cobre, hierro y otros minerales como la bauxita, los diamantes y el manganeso, así como abundantes maderas preciosas, yacimientos de gas natural, uranio y petróleo.
Desde 1966, la Guyana Esequiba se encuentra bajo la custodia de Guyana y representa aproximadamente dos terceras partes de su territorio, aunque alberga solo una tercera parte de las y los poco más de 800,000 habitantes del país. Los recursos forestales, agrícolas, pesqueros y minerales del Esequibo han sido una parte fundamental de las fuentes de riqueza guyanesa, basadas principalmente en las industrias extractivas. Particular y recientemente, el petróleo proyectó el crecimiento de la economía guyanesa.
La disputa por el Esequibo entre Venezuela y Guyana data de casi dos siglos y ha tenido altibajos en las últimas décadas. Pero en 2015, las tensiones se elevaron cuando la petrolera estadounidense ExxonMobil descubrió grandes yacimientos del hidrocarburo cerca de las costas de este territorio, los mismos que Guyana comenzó a explorar y explotar, y sobre los que Venezuela considera tener derechos.
PUBLICIDAD
Para Venezuela, la histórica reclamación sobre el Esequibo se ha fundado tanto en los hechos como en el derecho, presentando a su favor múltiples documentos históricos, como las Cédulas Reales, que confirman sus derechos sobre el territorio. En una ruta alterna a la de la CIJ para resolver la disputa territorial, el 3 de diciembre, el Gobierno de Maduro, celebró un referéndum nacional, en el que, según la autoridad electoral, los votantes eligieron el Sí en más del 95 por ciento en cada una de las preguntas. En consecuencia, el Gobierno aprobó la anexión del Esequibo, asentar una división militar cerca del territorio y modificar el mapa nacional. Asimismo, el presidente Maduro anunció una serie de medidas y próximas legislaciones para concretar la posesión de este territorio.
Ambos países reclaman la soberanía por el territorio del Esequibo, mientras que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se declaró -a finales de 2020- competente para el asunto, una jurisdicción que Venezuela no acepta y por la que acusa a Guyana de actuar de manera unilateral. A pesar del reciente encuentro entre los presidentes de las dos naciones, el conflicto continúa latente y el camino hacia la solución podría encontrar aún grandes inconvenientes y tomar mucho tiempo.
Por ahora, Guyana acudió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, órgano que no tomó medidas inmediatas, pero llamó a respetar el Derecho y los principios internacionales. La CIJ, por su parte, reafirmó que el territorio pertenece a Guyana y que Venezuela no debe anexarse la región. Mientras que, para abril de 2024, Venezuela está citada para presentar una contramemoria que rechace los argumentos de Guyana.
A lo largo de la historia, diversos países y regiones se han enfrentado y vivido en constante conflicto y crisis por disputas territoriales, algunas de las cuales prevalecen e incluso se han intensificado. La invasión rusa a Ucrania, la guerra Israel-Hamás e incluso el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, son claros y presentes ejemplos de diferendos históricos no resueltos. Estas tensiones han traído graves y significativas consecuencias políticas, sociales, económicas y alimentarias -por mencionar tan solo algunas- entre los involucrados y en la región en la que se desarrollan, pero también para el mundo entero. Basta recordar las recientes crisis energética, alimentaria, migratoria, económica, entre otras.
Respetuosos del derecho internacional, desde el Senado de la República hacemos votos y sumamos esfuerzos para que esta disputa encuentre una solución jurídica acorde a la soberanía e integridad territorial de cada una de las partes, evitando en todo momento una escalada que encienda las alarmas regionales y mundiales, y recrudezca las consecuencias del conflicto que el mundo ya experimenta. El diálogo y la mediación serán los mejores consejeros en todo momento.