Este año el país entrará en un ambiente absolutamente electoral en donde se elegirán una amplia cantidad de puestos de elección popular, incluyendo la Presidencia de la República. En términos de apuesta, la bolsa es grande amables lectores: 628 escaños del Congreso de la Unión, 500 diputaciones y 128 senadurías; elecciones para diputados locales en 31 entidades federativas, lo que suma 1,098 cargos; elecciones de ayuntamientos en 29 estados y de alcaldías en la Ciudad de México, con un total de 1,803 puestos; y comicios para elegir 9 gubernaturas, incluyendo la de la capital del país.
Como vemos, amables lectores, es grande el pastel político en donde todos los partidos participantes en el proceso y sus candidatos esperan una muy buena rebanada. Las ambiciones despertarán los apetitos insaciables de muchos, y en ese sentido la codicia será de tal magnitud que la violencia puede desbordarse. Pero veamos más de lo que implica el proceso electoral de este año.
Por el lado del padrón electoral, el universo también es muy amplio. Se estima que la lista nominal de votantes llegará a los 98 millones de ciudadanos, de los cuales, 50.2 millones serán mujeres y 46.4 hombres.
Vale hacer notar que se contempla que el voto femenino será determinante, pues habrá un número muy alto de mujeres encabezando candidaturas, lo que sería una muy buena noticia en el sentido de que abriría las posibilidades de debates de mayor calidad y mesura, pero aún no se ve esa tendencia, sino lo que observamos son puro show mediático salpicado de ocurrencias sin contraste de ideas factibles.
Y desde luego que para solventar un proceso de estas grandes dimensiones, el costo económico será obviamente muy alto. Los especialistas en esta materia, indican que las elecciones de 2024 costarán unos 37 mil millones de pesos (qué importa, si lo que sobra en México es dinero, ¿o no, amables lectores?), de los cuales unos 10 mil millones serán para el financiamiento de los partidos políticos.
Hay que recordar que por más que se ha señalado la necesidad de disminuir ese costo, no se han visto esfuerzos tangibles de los institutos políticos en ese sentido. Milagrosamente, es un tema en que todos los partidos están de acuerdo.
Pues bien, retomando la idea de líneas arriba, por el monto político que representa el número gigantesco de puestos de elección que estarán en juego y las prebendas económicas que conlleva el triunfo en estos comicios, es previsible que se desate la violencia para dirimir asperezas entre los contendientes y sacar de la jugada, al costo que sea, incluyendo la vida misma, a quienes se pongan enfrente.
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Y ya empezaron a surgir casos que apoyan esta posibilidad de violencia desatada e incontrolable: en la primera semana de enero, tres candidatos de la oposición han sido asesinados en Morelos, Chiapas y Colima. Asimismo, en el estado de Guerrero el 5 de enero se denunció un ataque en la comunidad de Buenavista, municipio de Heliodoro Castillo, que dejó como saldo 30 personas asesinadas, presuntamente por cuestiones de tipo político.
Analista e investigadores sostienen la tesis de que la violencia se recrudecerá contra candidatos y sus equipos de campaña de cara a las elecciones. Afirman incluso, que grupos delincuenciales ya influyen en la vida pública de los estados al bajar, subir o conservar en el poder a aliados que faciliten la expansión de sus actividades.
Sombrío panorama el que nos espera amables lectores. Y nos quedamos sin respuesta a la pregunta de saber qué autoridades están dispuestas a enfrentar este problema, pues el Instituto Nacional Electoral no tiene atribuciones para resolver temas de seguridad en las elecciones y debe recurrir a las mismas autoridades de los tres niveles de gobierno que a la fecha se miran rebasadas por la delincuencia organizada; así que como reza el dicho popular: “Que Dios nos agarre confesados”.
Hasta la próxima.