Al cierre de la semana pasada, el presidente de la república licenciado Andrés Manuel López Obrador, informó que, de conformidad con la facultad que tiene prevista en el artículo 71 de la Carta Magna, presentará un paquete de iniciativas de reformas que, a su consideración, tienen que ver con el bienestar y mejorarán los ingresos de la población.
Así como los procesos en materia de justicia y democracia, lo que implica contar con un marco jurídico acorde a la actualidad que mantenga la austeridad republicana y contribuya a avanzar en la transformación.
Siempre he considerado que las normas constitucionales, reglamentarias y secundarias NO pueden permanecer estáticas, dado que su vigencia y efectividad depende de las circunstancias actuales de nuestro país.
Recordemos las reformas constitucionales, cuando menos en materia de pensiones, judicial y electoral, de 1994, 2006, 2007 y 2014, que fueron trascendentes, de ahí que, en principio, es importante analizar si, precisamente, la normatividad actual está acorde a la realidad que impera en estos momentos y si es necesario su modificación y adaptación.
Resalto la que tiene que ver con las pensiones de las y los mexicanos inscrito al IMSS e ISSSTE que tiene como finalidad que reciban una pensión del cien por ciento del salario previo a jubilarse.
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Es necesario que las dos terceras partes tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República, así como la mayoría de las legislaturas de las Entidades Federativas las aprobemos.
De ahí la importancia de que se logren los consensos entre todas las fuerzas políticas, pues, finalmente, las y los legisladores representamos al pueblo de México y si la mayoría calificada está de acuerdo, es porque, los beneficios para las y los mexicanos son importantes y generarán mejores condiciones de vida para la sociedad.