La desaparición forzada de personas es una de las violaciones más graves a los derechos humanos y, lamentablemente, es cometida de manera sistemática en México. Es un delito que no se ha podido mitigar y por el contrario, el número de víctimas continúa en crecimiento.
Nuestro país atraviesa por una crisis de personas desaparecidas y de identificación forense. Según datos oficiales, bajo la administración de Morena, han desaparecido cerca de 49 mil personas, es decir, 1 de cada 3 desaparecidos registrados desde 1961, son de este gobierno.
Estas lacerantes cifras se deben, en gran medida, a la inacción del gobierno federal. Morena prefirió abrazar a los delincuentes antes que atender a las víctimas. Es claro que la violencia ha ido en incremento durante este sexenio y no hay justicia para los mexicanos.
El presidente López Obrador les ha fallado a las víctimas. Se ha negado a recibir a las madres buscadoras, a quienes por cierto, el crimen organizado las está matando. Además, ha abandonado a la Comisión Nacional de Búsqueda y al Centro Nacional de Identificación Humana, ya que no cuentan ni con los recursos humanos ni financieros para brindar certeza sobre el paradero de quienes se encuentran desaparecidos, ni sobre los más de 54 mil cuerpos y restos humanos que se encuentran sin identificar.
Es inadmisible que en las rodillas y de forma improvisada, el titular del Ejecutivo federal haya enviado a los servidores de la nación a levantar su propio censo de personas desaparecidas. Es claro que quiere un subregistro cómodo porque la realidad es que ha sido el sexenio más mortal y desesperanzador para los mexicanos.
Con este nuevo censo, están revictimizando a las familias que buscan justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. En lugar de maquillar las cifras, el gobierno federal debería ponerse a buscar a quienes se encuentran desaparecidos. Lamentablemente, este censo no es para garantizar los derechos de las víctimas, es para ocultar la realidad que se vive en el país.
