Mientras la maquinaria oficialista se concentra en disuadir la atención y asegurar la base electoral de su candidata presidencial, miles de mexicanos están en las líneas fronterizas de Estados Unidos haciendo fila para solicitar asilo por miedo al narcotráfico.
Ayer circuló en diversos medios de comunicación la noticia de que las solicitud de asilo presentados por mexicanos hacia Estados Unidos se quintuplicaron, según una base de datos del Departamento de Seguridad Nacional, que contiene el número de derivaciones que realizó Aduanas (CBP) a Ciudadanía e Inmigración (USCIS). El número de entrevistas por “miedo creíble”, la figura jurídica a la que apelan los solicitantes de refugio según las leyes estadounidenses, pasaron de ser 528 hasta 3,507.
Pero no puede ser exclusivo de esta administración La batalla mortal contra los cárteles de la droga durante tiene una década. El país ha visto más de 400,000 homicidios desde 2006, cuando el gobierno declaró la guerra a los cárteles.
Las peticiones de asilo de mexicanos de hecho han ido en ascendo según el informe publicado por el centro de análisis Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Siracusa (Nueva York). Entre 2005 y 2010 fueron cerca de 2,400 mexicanos los que pidieron asilo en Estados Unidos, mientras que entre 2011 y 2016 fueron aproximadamente 12,000.
La incapacidad del Gobierno mexicano para proteger a sus habitantes está relacionada con el incremento de peticiones de asilo. Pero este problema que crece a pasos agigantados ya lo venían señalando los expertos en inmigración y los jefes de inteligencia desde mayo de 2022, en un informe presentado a la Comisión de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos. El informe urgente ya pronosticaba aumentos en el flujo de refugiados por los conflictos armados.
Recordemos también que según un informe de The Washington Post, con datos de fuentes gubernamentales y del Centro de Investigación Pew, la cifra de unidades familiares mexicanas detenidas en la frontera suroeste aumentó 165 por ciento entre el año fiscal 2018 y el 2019. De hecho justamente en el segundo año de esta administración, los mexicanos fueron el grupo demográfico más grande de migración no autorizada a Estados Unidos según datos gubernamentales obtenidos por la misma fuente.
Estados Unidos se ha asociado estrechamente con México, proporcionando miles de millones de dólares para modernizar sus fuerzas de seguridad, reformar su sistema judicial y financiar proyectos de desarrollo destinados a frenar la migración en la frontera sur de México, pero ha servido de forma limitada desde los tiempos de la guerra contra el narcotráfico hasta ahora: los tiempos de abrazos no balazos.
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Hoy por hoy la violencia se intensifica sobre todo en el sur del país. Transportistas en guerrero se protestaron ayer jueves para exigir seguridad ante la terrible violencia del crimen organizado, tras el asesinato de cuatro de sus compañeros. En Tabasco se han registrado desde finales de 2023, motines, balaceras, asesinatos y quema de vehículos. La violencia en Chiapas está provocando que las familias se desplacen de sus casas para buscar.
Urge en este contexto que las autoridades mexicanas compartan un enfoque colaborativo respecto a la fuerza pública, desde la policía municipal hasta el ejército, solicitar ayuda internacional y la intervención urgente de expertas y expertos en materia de Seguridad Pública que incluso ya tenemos en México, pero que desgraciadamente no son escuchados por la actual administración, tal y como lo señalan las organizaciones no gubernamentales defensoras de nuestros derechos humanos.
A este paso, si no ocurre lo anterior, el aumento desmedido de familias buscando asilo frustrará también a los funcionarios federales de Estados Unidos, impulsándolos a nuevos cambios en la política migratoria que afecte a quienes ya han perdido sentido a su vida por el miedo.