Estamos ante el proceso electoral más grande, ya que además de la presidencia de la República, se renovarán senadurías, diputaciones federales, gubernaturas, diputaciones locales, presidencias municipales, sindicaturas, regidurías y concejalías. En suma, más de 20 mil cargos de elección se decidirán el 2 de junio de este año.
Durante el proceso electoral 2021, la consultora Etellekt contabilizó 1,066 agresiones y 102 políticos fueron asesinados, 32 de ellos, eran aspirantes a algún cargo de elección popular. Además, el 35% de los ataques, fueron perpetrados en contra de las mujeres, siendo la elección más violenta en la historia contemporánea de nuestro país.
A este clima de violencia, se le suma la intromisión del crimen organizado en las elecciones, donde mediante amenazas, secuestros, agresiones o asesinatos, imponen su voluntad. Incluso, se ha hecho público que han costeado las campañas de los candidatos de Morena en distintas entidades federativas.
Según datos de la consultora Integralia, en lo que va de este proceso se han contabilizado 21 eventos de violencia político-electoral, donde 32 personas han sido víctimas de agresiones o asesinato. Aunado a ello, han identificado que Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Chiapas y Morelos, son las entidades que presentan un mayor riesgo por la violencia.
En lugar de atender la crisis de inseguridad, el gobierno está usando todo el aparato del Estado mexicano para las próximas elecciones. En Palacio Nacional han presentado una batería de iniciativas para hacer una cortina de humo y proteger a su corcholata.
En cinco años de gobierno, no han resuelto el problema de la inseguridad, ni la falta de medicinas, ni se han preocupado por darles justicia a los desaparecidos. Lo único que les importa en Morena es aparecer en una boleta electoral.
El gobierno federal tiene la obligación de llamar al cumplimiento de la ley y su mayor tarea es brindar piso parejo y seguridad a todas las candidaturas, también a las de la oposición.
