Este año se cumplen 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y el gobierno federal ha incumplido con el esclarecimiento de lo ocurrido aquella madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014.
El Presidente López Obrador se comprometió a investigar a fondo la desaparición de los 43 jóvenes, dijo que se daría a conocer la verdad y que castigaría a los responsables. Esta es una más de sus promesas incumplidas, porque ya en el cierre de su administración, no hubo ni justicia, ni verdad para las familias de los estudiantes.
El gobierno de López Obrador decía que era “un crimen de Estado” y lucró con la tragedia, sin embargo, a punto de finalizar su mandato, revictimizó a los jóvenes, deslindó de responsabilidades a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno y generó cortinas de humo para no darles resultados a las madres y padres de los normalistas que necesitan saber el paradero de sus hijos.
Sin duda, esta tragedia ha desenmascarado la complicidad entre las autoridades y los criminales. Este gobierno pasará a la historia como el cómplice que encubre y protege a los responsables de la desaparición de 43 normalistas. La obligación del gobierno federal es entregar toda la información, buscarlos, llevarlos con sus familias y no criminalizarlos.
Es inadmisible que este gobierno, se lave las manos, descalifique a las familias que siguen exigiendo justicia y les cierre las puertas a las víctimas de nuestro país. El portazo que se ha dado la semana pasada a Palacio Nacional, es el reflejo de la desesperación de las familias de los estudiantes ante la indolencia del gobierno de López Obrador. Ayotzinapa es una herida abierta en la justicia de nuestro país. Urge justicia y verdad.