Lamentablemente ha pasado casi una década en que un grupo de estudiantes de Guerrero fueron desaparecidos y lastimados. Desde un principio quienes nos oponemos a este tipo de situaciones que atentan contra los derechos humanos nos manifestamos de manera solidaria con sus familias y exigimos al Estado mexicano hacer todos los esfuerzos a su alcance para conocer el paradero de esos jóvenes, que se hiciera una investigación a fondo y auténtica y se castigara a los responsables.
Por desgracia, las actuaciones de algunas autoridades al inicio del problema no fueron las más adecuadas. Por ello, el presidente López Obrador se comprometió desde el primer momento de su gobierno a que las instituciones públicas se dedicaran a averiguar lo que realmente sucedió y a proceder de manera justa.
Se trata de un asunto en el que la administración federal no ha dejado de trabajar e incluso se estableció una comisión de la verdad y se ha mantenido un diálogo permanente con los padres de los estudiantes.
En ese sentido, se han depurado las actuaciones judiciales y se ha avanzado en la aplicación de la ley de manera transparente y con justicia. Se ha puesto al alcance de los familiares de las víctimas información sobre lo que se ha investigado y se han iniciado nuevos procesos jurídicos para deslindar responsabilidades de funcionarios de todos los niveles.
Debemos resaltar que hoy en día se encuentran detenidos varios elementos del ejército, así como el procurador de la República en ese entonces, quienes fueron vinculados a proceso. El compromiso de este gobierno que no habrá impunidad en estos hechos ocurridos en el 2014, ni en ninguno otro.
Las dificultades que implica una investigación de esa naturaleza exigen un gran profesionalismo, objetividad y que no por salir del paso se inventen culpables o se manipulen datos con propósitos obscuros.
Por el contrario, durante esta administración se ha mantenido el compromiso de que se conozca la verdad, se identifique a quienes causaron un daño que nos lastima como sociedad y que no debe descansase hasta llegar al fondo del asunto.
El gobierno de la República continúa y continuará con su labor para dar con los responsables y se les castigue conforme a la ley para hacer justicia a esos 43 jóvenes y sus familias.
