En Guerrero se vive una crisis de inseguridad y violencia que no ha sido atendida por el gobierno local. Las matanzas en los municipios de San Miguel Totolapan, Chilapa de Álvarez, Heliodoro Castillo o Coyuca de Benítez, sólo por mencionar algunos, son el reflejo de la ingobernabilidad que se vive en aquella entidad.
Aunado a ello, la complicidad de las autoridades con el crimen organizado, tienen a los habitantes de las alcaldías como Taxco, Iguala, Chilpancingo e incluso a Acapulco, en constante vulnerabilidad. El ejemplo más claro es la reunión que sostuvo la presidenta municipal de la capital del estado con el líder de una de las bandas de narcotraficantes de la región. Los delincuentes extorsionan a vendedores de pollo, a agricultores, a transportistas, a candidatos. Incluso, las familias han tenido que armar a sus propios hijos para que se defiendan.
El reciente asesinato de un normalista de Ayotzinapa, desenmascaró la red de corrupción e ineficiencia gubernamental de Guerrero. Los jóvenes son atacados por los policías estatales, mientras que los delincuentes matan y extorsionan a los habitantes en completa impunidad. No hay poderes en el estado y lo único que la oposición ha pedido al solicitar la desaparición de poderes, es que se formalice la ausencia de los mismos.
De acuerdo con el artículo 2 de la Ley Reglamentaria de la fracción V del artículo 76 Constitucional, señala que se configura la desaparición de poderes cuando se abandone el ejercicio de sus funciones, se afecte la vida del estado o se impida la plena vigencia del orden jurídico.
En ese sentido, se debe aplicar nuestra Constitución general y determinar que han desaparecido los poderes constitucionales de Guerrero para proceder a formular la declaratoria de que se está en el caso de nombrar un gobierno provisional.
Es urgente regresarle la paz y justicia a las familias guerrerenses, ya que el actual gobierno de Morena ha sido absolutamente ineficiente.