La corrupción en nuestro país lamentablemente fue una situación que se fue arraigando en el tiempo como producto de un sistema que se basaba en los abusos, los excesos, la banalidad y el patrimonialismo. Quienes llegaban a ocupar algún cargo, asumían como parte de su propiedad el puesto y consideraban que la función pública era un negocio privado.
A partir de que inició la presente administración federal se impulsaron diversos cambios legales para fortalecer la lucha contra la corrupción; en el Senado de la República reformamos el artículo 19 para tipificar en la Constitución a la corrupción como delito grave.
Al mismo tiempo se establecieron normas administrativas estrictas para que el gobierno operara con absoluta austeridad. Era costumbre que los funcionarios públicos se enriquecieran de manera ilícita sin ninguna consecuencia.
En ese sentido, las autoridades del Ejecutivo Federal y de procuración de justicia han actuado con apego a la Ley para poner a disposición de los jueces a quienes incurran en actos de corrupción, con respeto al Estado de Derecho, pero también en el marco del debido proceso.
A diferencia del pasado que ante los cambios de gobierno que se utilizaba la Ley como un medio para amedrentar a los adversarios políticos, ahora se hacen investigaciones cuidadosas.
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Un elemento fundamental que contribuye a combatir la corrupción es la profunda transformación en la procuración de justicia, como es el hecho de haberle otorgado autonomía plena a la Fiscalía General de la República.
Por su parte, la Secretaría de la Función Pública es una institución que vigila el cumplimiento de las normas desde antes, durante y después de que se llevan a cabo los procesos administrativos. En los casos que se detectan desviaciones se procede sin distingos y se sanciona a los servidores públicos, así como se presentan las denuncias correspondientes ante la autoridad judicial.
Todo ello demuestra que hay un avance importante en el combate a la corrupción y que desde el más alto nivel del Ejecutivo Federal hasta el más sencillo de los cargos públicos se ha impuesto una nueva cultura del servicio basada en el principio de fundamental de la honestidad. Esa es una enorme diferencia entre lo que hoy sucede y el pasado.