Duele escribirlo: Camila no es una excepción. Tan solo en los dos primeros meses de 2024, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reporta ocho niñas víctimas de feminicidio y 16 de homicidio doloso en todo el país. En México sí se toca a las niñas; incluso las matan.
El año pasado fueron, de acuerdo con la misma fuente, 75 las menores asesinadas en razón de género y 142 las ultimadas dolosamente, una proporción menor respecto a los varones —en ese mismo periodo suman 756 y en lo que va del año 128— pero que no deja de ser escandalosa. En el caso de los infanticidios feminicidas, el Estado de México ostenta, por mucho, el récord desde 2015, cuando el SESNSP empezó a reportar abiertamente los delitos cometidos a nivel nacional: es la única entidad con una cifra de tres dígitos, 127.
Repite ese penoso primer lugar en homicidio doloso contra niñas, aunque con otra peculiaridad; es el único que acumula más de dos centenas, con 201 registros. Si analizamos el caso de los niños, nadie le compite a Guanajuato que, al corte de febrero e 2024, ya suma 896. No son números, son dramas familiares donde se intersectan vulnerabilidades y contextos normalizadores de la violencia atravesada por los roles y estereotipos de género.
Son tantos números y tantos dramas que la indignación crece y nos lleva a lo que sí es excepcional del horroroso caso de la pequeña Camila, una sociedad llevada al límite de la indignación ante la burocratización de la justicia, cuando no impunidad dominante, que colectivamente se enciende hasta tomarla por su propia mano.
La crisis no tiene fronteras. En noviembre de 2023, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicó el estudio “Asesinatos de mujeres y niñas por razones de género” con una conclusión desoladora: 2022 marcó récord en estos delitos a nivel global con 89 mil víctimas, el peor resultado en las últimas dos décadas y en oposición a la tendencia registrada en disminución en cuanto a homicidio de varones. El 75 por ciento de las niñas fueron asesinadas en un espacio privado; el hogar sigue siendo el lugar más peligroso para ellas, sin importar en qué continente hayan nacido.
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De este lado del mundo, el linchamiento de los presuntos responsables del secuestro y muerte de la niña de ocho años en Taxco es síntoma de un problema que heredará la primera Presidenta de nuestro país, sea Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez, y en sus ser mujer habrá enorme expectativa para garantizar una vida libre de violencia para las niñas y niños, quienes tampoco deberían ser tocados.
Los linchamientos son ilícitos agravados por nuestra existencia digital en la cual los videos de la agresión colectiva circulan sin parar. En su repetición se exalta la “solución” que una comunidad ofrece ante la ausencia de capacidades del Estado para ejercer legítimamente la fuerza y procurar justicia. Los pobladores de Taxco llevaban horas esperando que una veintena de elementos policiales y de la Guardia Nacional detuvieran a los tres supuestos secuestradores resguardados en su domicilio; no podían hacerlo porque se mantenían en espera de que un juez emitiera la orden de aprehensión.
¿Cuántas horas necesita un juez en Guerrero para despachar su obligación ante el feminicidio de una niña? ¿Cuántas para que la Policía extrajera de las armas —mayormente pies, manos y palos— de sus victimarios a la presunta responsable? Son preguntas que se quedan como punto de partida para analizar todo lo que salió mal en el caso de Camila y eso nos incluye cuando difundimos las imágenes del linchamiento antes que la exigencia de un alto a toda forma de violencia.
Camila iba a cumplir este 2024 los mismos años que tiene el SESNSP reportando feminicidios de niñas. Su sonrisa y emoción al dirigirse a nadar a la casa de su vecina nos perseguirán hasta que su historia no se repita, nunca más.