“La transparencia es un derecho de los ciudadanos y un deber de los gobiernos”
Ban Ki-Moon, discurso en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información en Túnez en 2005.
El día de ayer, 11 de junio, conmemoramos la publicación de la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de 2002, hito central en la historia de nuestra democracia. A la luz del actual momento de transición política, vale la pena recordar los orígenes de esta Ley.
Si bien desde 1977 se introdujo en la Constitución el derecho a la información, prevalecía la discrecionalidad gubernamental sobre la disposición de la información pública. No obstante, la alternancia política del año 2000 abrió un escenario propicio a la transformación democrática. En ese contexto, en mayo de 2001, en Oaxaca, se celebró un seminario donde personas de la academia y el periodismo intercambiaron ideas en torno al acceso a la información; concluyendo una declaración con los mínimos que debía contener una ley en la materia.
Con la finalidad de que estas ideas no se diluyeran, continuaron reuniéndose en la Ciudad de México para elaborar concretamente una propuesta de ley. Así nació el “Grupo Oaxaca”. La propuesta transitó su camino como iniciativa de ley en la Cámara de Diputados.
En 2002 ambas cámaras del Congreso de la Unión aprobaron la ley, para ser publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de ese año. Desde entonces, ésta ha evolucionado y día a día hemos perfeccionado la instrumentación de los derechos que esgrime de acceso a la información y protección de los datos personales. Hoy, México es referente mundial en estas materias.
A 22 años de estos sucesos no se puede concebir el diseño institucional de nuestro país sin esa conquista ciudadana. El momento actual, como en aquél entonces, también es propicio para profundizar en la construcción de un Estado cada vez más abierto a la sociedad. La agenda de transparencia hoy día requiere demócratas y la comprensión de que la transparencia es, como citaba Ban Ki-moon, un derecho de la ciudadanía y un deber de los gobiernos.