En un hecho insólito, y con una sincronía que empaña al turismo, días después de celebrarse el Tianguis Turístico de México en Baja California —al que tanto se le trató de dar el carácter de binacional, aunque solo se trató de un evento en Liberty Station, en San Diego—, el Departamento de Estado de la Unión Americana notificó la revocación del visado de turista a la gobernadora de Baja California —estado sede del Tianguis Turístico— Marina del Pilar Ávila, apenas unos días después de que a su esposo, Carlos Torres Torres, le fuera negado el ingreso a los Estados Unidos en la garita de San Ysidro y se le retirara el visado.
Como gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila tiene derecho a portar un pasaporte diplomático, de acuerdo con el artículo 37, fracción V del Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad de Viaje vigente. Este le exentaría del visado en algunos casos y determinados países.
Sin embargo, en el caso de los Estados Unidos, a quienes representan gobiernos estatales no les aplica ni la exención del visado ni el visado diplomático A1.
Es decir, aun cuando viajen en una comisión oficial, deben portar el visado B1/B2 de turismo y negocios. Por lo tanto, aun con su pasaporte diplomático —si es que lo tiene—, la revocación del visado le impedirá ingresar a los Estados Unidos, incluso en el contexto de una misión oficial.
Después se informó de la cancelación de las cuentas de la gobernadora y su marido en las entidades financieras Wells Fargo y Bank of America, y todo indica que hay una investigación profunda; no se trata de un hecho administrativo o un error que pueda corregirse en el corto plazo.
Ahora bien, el impacto es grave cuando este hecho —que ha recorrido los medios de comunicación y las redes sociales— ocurre apenas unos días después de que el turismo se concentrara en Rosarito, Baja California, y decenas de compradores y periodistas de los Estados Unidos asistieran para conocer más de la oferta turística nacional. ¿Por qué? Porque la anfitriona, la gobernadora de la entidad sede, ya no puede entrar al país con el que comparte frontera, debido a una investigación federal.
La gobernadora puede dar las declaraciones que desee, puede incluso declararse víctima en medio de los aplausos de su gabinete y sus colaboradores, pero eso no quita el golpe al turismo que representa el hecho en sí, sin precedentes e —insisto— en un mal momento para el sector.
¿Cómo afecta al ejercicio del cargo?
Baja California es un estado fronterizo. Además del turismo, las relaciones comerciales, sociales, migratorias, ambientales y de muchos otros temas tienen impacto y trascendencia regional. La propia metrópolis integrada por Tijuana y San Diego es binacional, lo mismo que Mexicali y Caléxico.
¿Cómo operará una gobernadora que no puede ingresar a los Estados Unidos los temas que vinculan a ambos estados y a ambos países? ¿Con qué confianza tratarán empresarios y políticos en California a sus pares en Baja California, cuando quien encabeza el gobierno estatal está bajo investigación federal en aquel país? No es cosa menor, aunque en el discurso se pretenda minimizar el hecho.
¿Qué sigue?
En un país medianamente civilizado, la gobernadora debería renunciar. No por acceder a la investigación de los Estados Unidos ni por dar una concesión al tema, sino simplemente porque no se puede gobernar un estado fronterizo sin poder acceder al territorio del país con el que se hace frontera.
Mientras son peras o manzanas, alguien debiera sucederla en el cargo para mantener la seriedad en los asuntos bilaterales, que son muchos. Sí, Marina del Pilar gobierna Baja California, México, pero la vinculación con California, Estados Unidos, requiere presencia, cabildeo y, sobre todo, confianza. Por el bien de la gente en Baja California, ni más ni menos.
