Esteban Moctezuma, embajador de México en DC, y su grupo de senadores aliados en Washington salieron a celebrar esta semana una supuesta “victoria diplomática”: evitar que el Congreso de EE.UU. aprobara un impuesto del 5% a las remesas.
¿El detalle? Que en realidad sí se aprobó el impuesto, aunque con una “rebaja” al 3.5%. Y lo más curioso es que, según fuentes legislativas, ni Moctezuma ni los senadores supieron leer bien el momento: se reunieron con el caucus equivocado, llegaron tarde al cabildeo clave y salieron a presumir una defensa que no fue tal. En corto, “no fue tan grave como podía haber sido”.
En el gas… algo huele a cambio (y no es una reforma). En los pasillos del sector energético ya se habla, en voz baja pero cada vez con más claridad, de un “cambio de manos” en el negocio del Gas LP. No se trata de una privatización formal ni de una reforma visible, sino de algo más discreto —y quizás más riesgoso—: un reacomodo silencioso que está dejando fuera a los jugadores históricos para abrirle paso a nuevos operadores cercanos al poder.
Empresarios del ramo denuncian bloqueos regulatorios, trabas administrativas y una cerrazón inexplicable al diálogo, como si las decisiones estuvieran siendo tomadas fuera de las oficinas oficiales. Más que una política pública, parece una estrategia bien calculada para vaciar el mercado antes de llenarlo con nombres nuevos… y alineados.
¿Se está usando el gas como herramienta de control político? ¿Se están tejiendo alianzas energéticas desde fuera de la institucionalidad? La pregunta ya no suena tan descabellada, sobre todo en un contexto donde un paro técnico nacional no está descartado y el gas amenaza con incendiar más que las estufas.
