“Son 100 patrón, si no, mejor búsquele por otro lado”. Así, los franeleros imponen cuotas por estacionarse en las calles.
Este abuso empieza a enfrentar su límite. La molestia ciudadana se ha convertido en política pública: la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó una iniciativa para castigar con arresto administrativo de hasta 36 horas a quien condicione el uso del espacio público al pago de una “cuota” por estacionarse.
Y en ese contexto, la denuncia ciudadana es central para la recuperación de las calles.
Este año, en el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) hemos atendido 3 mil 176 reportes de abuso por parte de franeleros. El 31 por ciento de estas denuncias proviene de la alcaldía Cuauhtémoc, seguida por Benito Juárez (11%) y Coyoacán (10.5%).
Las colonias con mayores conflictos, según los datos del C5, son Roma Norte, Doctores, Del Carmen y Santa María la Ribera, epicentros de un fenómeno que combina informalidad, extorsión y apropiación territorial.
Esta figura del franelero no es exclusiva de la capital nacional. En Guadalajara, Monterrey, Puebla o Cancún se repite el patrón: colocan botes, llantas, conos o cubetas para apartar lugares; exigen pagos fijos o “voluntarios” con amenazas implícitas de daño al vehículo.
La propuesta del gobierno capitalino no criminaliza la pobreza ni persigue al trabajador informal, enfrenta la apropiación ilegal del espacio común por quienes lo convierten en un negocio privado, defiende el derecho a la ciudad e incluye medidas para atender el trasfondo de este fenómeno: rutas de acceso a empleo formal, capacitación laboral y programas de economía social.
Para su funcionalidad, la estrategia requiere de la comunidad y la denuncia. Recuperar el espacio público y evitar el franeleo comienza por la voluntad de quienes lo transitamos.