En distintas partes del mundo, la justicia se está usando cada vez más como un arma política. Ya no se trata solo de impartir justicia, sino de proteger a aliados y castigar a los críticos. Las instituciones que deberían garantizar el equilibrio y la legalidad están siendo modificadas, debilitadas o cooptadas desde dentro. Y todo esto se hace en nombre de la democracia. México no es la excepción.
En los últimos años, la justicia en México ha mostrado señales de actuar según conveniencias políticas. Casos sensibles que involucran a personas cercanas al poder han quedado estancados o han sido apagados sin explicación clara.
Uno de los casos más visibles es el de Pío López Obrador, hermano del presidente, captado en video recibiendo dinero en efectivo por parte de un funcionario federal. Aunque el hecho fue público desde el año 2020, la Fiscalía no ha ejercido acción penal. También está el caso de Felipa Obrador, cuya empresa obtuvo contratos millonarios con Pemex a pesar del evidente conflicto de interés por ser prima de López Obrador. Algunos contratos fueron cancelados tras la exposición mediática, pero no hubo sanción alguna. ¡Terrible!
Otro caso relevante es el de Manuel Bartlett, director de la CFE, quien junto a su familia omitió declarar propiedades valuadas en más de 800 millones de pesos. A pesar de las pruebas periodísticas, fue exonerado por la entonces Secretaría de la Función Pública y continúa en el cargo. Rocío Nahle, exsecretaria de Energía y actual gobernadora de Veracruz, ha sido señalada por irregularidades en los contratos de la refinería de Dos Bocas. No hay investigaciones abiertas ni castigos. Tampoco hay claridad en lo que se refiere a Amílcar Olán, empresario vinculado a múltiples escándalos de corrupción, desde adjudicaciones millonarias por más de 30 mil millones de pesos en la refinería de Dos Bocas, hasta la compra de terrenos a precio irrisorio en esa zona y contratos por cientos de millones para la venta de medicamentos a gobiernos estatales. Por otra parte, diversos informes han documentado el asesinato de activistas ambientales en México que se opusieron a megaproyectos del gobierno, como el Tren Maya o parques industriales, sin que hasta la fecha se haya hecho justicia ni se hayan esclarecido los responsables..
Muchos de estos casos han sido documentados por periodistas y organizaciones, pero no han derivado en consecuencias judiciales o administrativas claras. Esto demuestra la selectividad en el combate a la corrupción por parte de morena.
Además, se ha ejercido presión directa sobre el Poder Judicial. Jueces que han frenado obras estratégicas, como el Tren Maya, han sido mencionados públicamente desde el poder presidencial, poniendo en duda su imparcialidad sin pruebas. Estas declaraciones no solo debilitan la confianza en los tribunales, también envían un mensaje intimidante a quienes deben actuar con autonomía.
En 2025 se organizó por primera vez una elección popular de jueces y ministros. En el papel parecía un avance democrático. Pero solo votó el 13 por ciento del padrón y muchos candidatos tenían vínculos con morena. Organismos nacionales e internacionales expresaron preocupación por el riesgo de que el sistema judicial deje de ser independiente y se convierta en una extensión del Ejecutivo.
Este fenómeno no es exclusivo de México. Se repite en otros países bajo el mismo patrón. Reformas que se presentan como intentos por acercar la justicia al pueblo, pero que en el fondo buscan controlar al árbitro. Y si el árbitro ya no es independiente, el juego político deja de ser justo.
Hoy son otros países los que están en la mira, pero México muestra síntomas similares. La judicialización de la política es una forma silenciosa de destruir la democracia sin usar la fuerza. Al tiempo…
DETALLES. Las inundaciones en la Ciudad de México son una tragedia anunciada y repetida. No son solo culpa de la lluvia, sino del abandono y la negligencia del gobierno capitalino, que ha dejado en ruinas el sistema de drenaje. Esta omisión criminal pone en peligro la vida y el patrimonio de miles y miles de familias. Cada año, la misma historia. Casas bajo el agua, calles colapsadas y autoridades que reaccionan tarde y mal.