¡Libertad para Jeanine Áñez y para todos los presos políticos de Bolivia ya! Jeanine Áñez asumió la presidencia interina de Bolivia en noviembre de 2019, en medio del vacío de poder tras la renuncia de Evo Morales. Poco después, pasó de ser jefa de Estado a prisionera. En marzo de 2021 fue detenida y en 2022 condenada a 10 años de cárcel por el caso “Golpe de Estado II”, un proceso en el que se le acusó de “incumplimiento de deberes” y de dictar “resoluciones contrarias a la Constitución” por haber asumido la presidencia sin aval legislativo. Desde entonces, organismos internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado irregularidades, ausencia de debido proceso y un uso abiertamente político de la justicia.
Su caso no es aislado. Líderes como Luis Fernando Camacho y Marco Pumari también permanecen detenidos bajo procesos cuestionados. En todos ellos se repite el mismo patrón. La prisión preventiva convertida en condena anticipada, el uso de tipos penales ambiguos y una justicia sometida a la presión del poder político. Ese abuso de las medidas cautelares es lo que convierte a opositores en presos políticos.
La situación también golpea a las familias. Carolina Ribera, hija de Jeanine Áñez, ha denunciado en redes sociales que su madre ha sido tratada como “trofeo político” y víctima de un “secuestro” prolongado. Ha señalado que estuvo enferma en la cárcel sin acceso a médicos ni traslados a hospitales, y que durante meses se le prohibieron las visitas. El día que la detuvieron “se secuestraron también las garantías constitucionales de todos los que pensamos diferente al MAS”. Sus mensajes reflejan el dolor de quienes luchan por su libertad en condiciones de hostigamiento constante.
Tras cuatro años y medio de encierro, el 22 de agosto de 2025 el Tribunal Supremo de Justicia emitió un instructivo ordenando a los tribunales revisar de inmediato la legalidad de estas detenciones. No garantiza su libertad automática pero reconoce que la ley tiene límites y que las prisiones indefinidas son incompatibles con el Estado de derecho.
Jeanine lo resumió de esta manera: “Después de 4 años y medio, el Tribunal Supremo de Justicia instruye actuar en derecho. No es un triunfo, es un derecho”. Con esta frase expone que en Bolivia la justicia ha castigado antes de juzgar y ahora empieza a corregir su error.
La orden del TSJ llega tarde, pero es un avance. La verdadera reparación será cuando ningún opositor pueda ser encarcelado por motivos políticos. Hasta entonces, Bolivia seguirá acumulando deudas con su democracia. Al tiempo…
DETALLES. Claudia Sheinbaum miente sobre la cooperación con la DEA. Mientras el director de la agencia asegura que existe una colaboración sin precedentes, Sheinbaum lo niega, diciendo que solo hubo un taller menor en Texas. La realidad es que la DEA confirma la cooperación, pero el gobierno intenta ocultarla. ¿A quién o a qué le teme realmente la presidenta?
Mariana Gómez del Campo, Secretaria de Asuntos Internacionales del CEN del PAN y Presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA).