El 911, un mecanismo para atender emergencias, se ha convertido en instrumento que refleja la capacidad institucional para escuchar a quienes históricamente han sido invisibilizados. En la Ciudad de México, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) por primera vez coloca en el centro de su operación a las personas con discapacidad.
Lo que podría parecer un ajuste técnico —la posibilidad de colocar botones de auxilio a la altura adecuada para quienes usan silla de ruedas o incorporar categorías específicas para clasificar emergencias relacionadas con personas con discapacidad— es en realidad un viraje político de fondo. Significa reconocer que la seguridad y atención de emergencias deben incorporar a quienes enfrentan barreras físicas, sensoriales o de comunicación.
Este cambio se enmarca en un debate global. Cada 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional de las Lenguas de Señas, establecido por la ONU en 2017 para visibilizar la importancia de estas lenguas en la plena realización de los derechos humanos de las personas con discapacidad auditiva.
En este contexto, el C5 abrió una mesa de diálogo con el Instituto de las Personas con Discapacidad, colectivos y legisladores como Mónica Villavicencio, orientada a diseñar rutas de atención que eliminen las barreras de comunicación para pedir ayuda en situaciones críticas.
En emergencias, cada segundo cuenta y una barrera de comunicación puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Si hasta ahora se avanzó en la incorporación de la perspectiva de género —con datos desagregados desde noviembre pasado—, el reto es lograr que ninguna persona con discapacidad quede fuera del acceso oportuno a la seguridad pública.
Que un botón esté más abajo o un reporte tenga una categoría especial no son detalles técnicos, son símbolos de una nueva cultura política donde la seguridad se concibe como derecho universal.
@guerrerochipres