La tensión entre el dato y la percepción está en el centro del debate contemporáneo. Mientras las estadísticas confirman tendencias sostenidas a la baja, los hechos aislados ensombrecen una reducción tangible de la incidencia delictiva. Esa brecha es desafío para la política pública.
El reciente informe mensual de seguridad de la Ciudad de México, presentado por la Jefa de Gobierno Clara Brugada y su gabinete, confirma una trayectoria positiva más allá de discursos. En comparación con 2019, los delitos de alto impacto han disminuido 59 por ciento, y solo respecto al año pasado, el descenso fue del 12 por ciento. Los homicidios dolosos cayeron 48 por ciento y 10 por ciento. Septiembre marcó el noveno mes consecutivo con tendencia a la baja, acompañado de más detenciones y una mayor eficiencia ministerial en la resolución de casos.
Las llamadas a la línea 9-1-1, operada desde el C5, bajaron 18.1 por ciento en comparación con septiembre de 2024. Ese dato significa que la presión sobre los sistemas de emergencia disminuye cuando hay más presencia policial, mayor confianza institucional y mecanismos de prevención más eficaces. La cifra negra se reduce cuando la ciudadanía percibe capacidad de respuesta.
Sin embargo, un crimen de alto perfil concentra el relato público y reconfigura la percepción colectiva. Esa narrativa tiene un peso simbólico que a la estadística le cuesta neutralizar de inmediato.
Brugada ha insistido en una idea de fondo: “estos casos no definen la situación general de la Ciudad de México”. No se trata de negar la gravedad de un hecho, sino de ubicarlo en su justa dimensión. La política pública no puede construirse sobre la excepcionalidad.
El reto, por tanto, no es solo mantener la tendencia a la baja, sino cerrar la brecha entre percepción y realidad. Colocar la óptica en los datos duros.