Gaby Osorio, alcaldesa de Tlalpan, está que tira cohetes y es que la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada sacó los números y sorpresa: Tlalpan bajó 24% los delitos de alto impacto. La alcaldesa aprovechó para presumir el trabajo en equipo con todos los niveles de gobierno aunque, dicen, fue también un mensajito para quienes la acusan de ir por la libre. Entre detenciones, patrullas nuevas y saldo blanco en Topilejo, Tlalpan se colocó entre las más seguras de la CDMX. En el círculo cercano de Brugada aseguran que Osorio ya es de las consentidas del gabinete, y que su nombre empieza a sonar fuerte para lo que viene.
Lenia Batres, ministra de la SCJN, volvió a encender el debate. Esta vez, con un proyecto que sugiere que no sería necesario consultar a las personas con discapacidad sobre las leyes que las afectan. La iniciativa levantó cejas en el ámbito jurídico y en las organizaciones civiles, pues choca con lo que dicta la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada por México, que exige su participación activa y efectiva en la elaboración de normas que impactan su vida diaria. El tema no es menor: toca fibras sensibles de inclusión y derechos humanos en un gobierno que afirma escuchar “a todos y a todas”. Por eso, la pregunta que flota en los pasillos es inevitable: ¿Qué dirá la presidenta Sheinbaum? ¿Respaldará su planteamiento o marcará distancia en defensa de la ciudadanía? El eco de la controversia ya llegó a colectivos de personas con discapacidad, quienes insisten en que ninguna ley puede construirse sin su voz. Y más allá de la discusión jurídica, la duda es: ¿puede haber justicia social sin escuchar primero a quienes viven las consecuencias de cada decisión.