El régimen busca el control absoluto del agua. La semana pasada morena y sus aliados aprobaron la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, una decisión tomada de manera acelerada y sin escuchar a los productores ni a los especialistas. Esta legislación redefine cómo se controla y se asigna el agua en México y, para el campo, representa un riesgo directo y profundo. El cambio más serio es que el derecho de agua deja de transmitirse automáticamente con la tierra. Antes, cuando una parcela se vendía o se heredaba, el agua iba con ella; ahora, la continuidad del derecho dependerá de que la autoridad federal decida reasignarlo. Esto convierte a la tierra rural en un patrimonio incierto, pues una parcela sin agua pierde valor, deja de producir y deja de ser heredable en condiciones reales, dejando a las familias campesinas a merced de decisiones administrativas que son lentas, discrecionales y políticas.
La reforma también complica actividades que en el campo son parte de la rutina diaria. Reparar un bordo, limpiar una toma o usar agua para el ganado podría requerir permisos adicionales, aumentando el riesgo de caer en infracciones por tareas que siempre se han hecho sin trabas. En lugar de apoyar la producción, la ley coloca más candados y trámites sobre quienes dependen del agua cada día para trabajar y vivir.
A esto se suma la centralización del control del recurso en la federación. La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), que ya tiene una carga administrativa enorme, ahora concentrará aún más decisiones sin recibir un presupuesto equivalente para infraestructura, pozos, redes o sistemas de riego. Es decir, se le da más poder sin más capacidad para resolver la crisis hídrica, mientras que las comunidades pierden margen para gestionar su propio recurso.
La reforma deja al campo con más burocracia, menos control local y una dependencia total de la autoridad federal para seguir produciendo alimentos. En un país donde el campo ya enfrenta sequías severas, bajos ingresos y falta de apoyos, quitarle certidumbre sobre el agua es abrir otra crisis encima de la que ya existe. En lugar de atender la emergencia hídrica, esta ley amenaza con profundizarla y con poner en riesgo la estabilidad de millones de familias rurales y la producción alimentaria del país. Al tiempo…
DETALLES. La explosión del coche bomba en Coahuayana, Michoacán, que dejó víctimas mortales, heridos y daños graves a un hospital y viviendas, es el reflejo del fracaso de la estrategia de seguridad del régimen morenista. Mientras se insiste en hablar de pacificación, la violencia demuestra que no existe un control real sobre las zonas dominadas por el crimen organizado y que la población sigue expuesta sin la protección que el Estado asegura estar garantizando.
Mariana Gómez del Campo, Secretaria de Asuntos Internacionales del CEN del PAN y Presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA).